Las multas a 17 alcaldes por no cumplir con la Ley de Transparencia no han sido entregadas a la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública (Ceaip) ni se ha recibido respuesta del secretario de Finanzas, Fernando Soto Acosta, a quien los comisionados pidieron entregar el monto recaudado.
En un hecho sin precedentes, ante la nula respuesta del secretario, el pleno acordó interponer un recurso formal en la Unidad de Enlace de Información Pública de la Secretaría de Finanzas (Sefin), vía presencial, para que dé respuesta.
La comisión envió un oficio el 13 de febrero para conocer la postura de Sefin sobre el acato a la norma en el uso del dinero de las multas impuestas por el organismo a 17 alcaldes de la entidad a partir de 2011, cuya ejecución corresponde a dicha dependencia.
Los recursos deben ser canalizados a la Ceaip para aplicarse en el fomento del derecho a la información, conforme a la normatividad vigente. Soto Acosta no ha contestado por ninguna vía a la Comisión.
El presidente de la Ceaip, Jaime Cervantes Durán, y los comisionados Juana Valadez Castrejón y Jesús Manuel Mendoza Maldonado, consideraron recurrente la actitud de Sefin, ya que al menos en 3 ocasiones ha ignorado las peticiones del organismo, siempre canalizadas por escrito a su titular.
Imponen 4 sanciones a alcaldes reincidentes
Los comisionados resolvieron también 5 expedientes de quejas contra los ayuntamientos de Apulco, Cañitas, Villa García, El Salvador y Atolinga, dirigidas por el ciudadano Francisco del Muro Robles, porque las alcaldías omiten información pública de oficio en portales de Internet.
En los 4 primeros casos se trata de presidencias municipales sancionadas en 2 y 3 ocasiones por la misma irregularidad, por lo que quedaron emplazadas a 15 días para que acaten las disposiciones de ley y deslinden la responsabilidad del incumplimiento o se hagan acreedoras a más sanciones.
En el caso de Atolinga, sí contestó a la Ceaip en términos de que está en proceso de cumplir con las disposiciones, aunque al revisar el sitio no existe la información que precisa la norma, por lo que también se le dio un plazo de 15 días a fin de que amplíe los contenidos.
FOTO: CORTESÍA
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