La 65 Legislatura de Zacatecas aprobó este miércoles la eliminación del requisito que obligaba a secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo a separarse de sus cargos un año antes de contender por una diputación local, disposición conocida como la “Ley Santos”.
La reforma fue avalada con 20 votos a favor y 8 en contra, luego de una discusión que se prolongó por más de 3 horas.
La sesión estuvo marcada por suspensiones, señalamientos de irregularidades y un intenso debate sobre el procedimiento legislativo.
El bloque oficialista buscó corregir una modificación al artículo 53 de la Constitución local que, desde la aprobación de la reforma al Poder Judicial en 2025, impedía a funcionarios de primer nivel participar en una elección para diputaciones sin renunciar con un año de anticipación.
Durante la discusión, legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) cuestionaron la legalidad del proceso y denunciaron presuntas violaciones a la Ley Orgánica del Congreso del Estado.
Entre los argumentos expuestos destacó la inconformidad de la diputada Dayanne Cruz Hernández, quien señaló que no fue considerada en un oficio relacionado con los trabajos de la Comisión de Puntos Constitucionales.
Sin embargo, el reclamo perdió fuerza cuando la propia legisladora reconoció que no estuvo presente en la sesión de la comisión donde se dictaminó la reforma que incorporó el polémico artículo, al presentar previamente una justificación por su ausencia.
La disposición ahora eliminada fue impulsada por el diputado morenista Santos Antonio González Huerta durante la discusión de la reforma judicial.
Lo llamativo es que la modificación pasó inadvertida para la mayoría de los legisladores durante más de un año, hasta que sus efectos políticos comenzaron a generar inconformidad.
Más allá de la corrección constitucional, el episodio exhibió una vez más las deficiencias en la revisión de reformas de gran calado. Una norma que restringía derechos político-electorales fue aprobada, publicada y mantenida vigente durante meses sin que el Congreso advirtiera sus implicaciones.
La minuta será enviada ahora a los 58 ayuntamientos para su análisis y eventual ratificación.
