Ante acusaciones hechas por diputados de que no aplica la ley y que protege algunos intereses, el secretario de la Función Pública, Guillermo Huizar Carranza, informó durante su comparecencia que se han impuesto sanciones contra 73 funcionarios por 1 millón 979 mil pesos en un año.
Al igual que en comparecencias anteriores, solo algunos diputados de oposición fueron críticos con el funcionario, quien cerró la presentación de miembros del gabinete alonsista como parte de la glosa del Tercer Informe de Gobierno.
Los diputados priístas elogiaron el trabajo de los funcionarios, algunos de los cuales llevaban textos que leían, o antes de sus intervenciones recibían mensajes de texto de los que tomaban apuntes para sus intervenciones.
Diputada le dice que debería estar en la cárcel
La diputada Soledad Luévano Cantú, de Movimiento Ciudadano, fue la voz crítica en esta última comparecencia.
Le dijo a Guillermo Huizar que era un delincuente electoral, sin calidad moral para ocupar el puesto, pues se había corrompido por el dinero y el poder, y que si existiera justicia estaría en la cárcel.
En el extremo contrario, legisladores del tricolor, como Ismael Solís Mares, decían que el secretario había extirpado con una gran operación quirúrgica problemas que venían arrastrándose de administraciones pasadas.
Triplican sanciones contra funcionarios
Como argumento de que la dependencia a su cargo en verdad sanciona, Guillermo Huizar indicó que en el anterior sexenio se emprendieron menos de 200 procedimientos sancionadores contra funcionarios, mientras que en éste van 700.
Tan solo en el último año, precisó, a 73 servidores públicos se les impuso sanción económica, 3 fueron cesados definitivamente y 4 fueron inhabilitados para desempeñar cualquier cargo público.
Mencionó que al inicio del actual gobierno se comenzó con un operativo denominado Centinela, mediante el cual se detectaban vehículos oficiales que eran usados en fines de semana sin justificación.
En la primera semana, agregó, se encontraron 400 unidades que andaban “en la pachanga”, mientras que ahora es difícil hallarlas circulando fuera del horario y en el último operativo solo fueron halladas 26.
Procedimiento innovador para detectar enriquecimientos ilícitos
Como un procedimiento innovador para detectar si un funcionario estaba haciendo mal uso de los recursos públicos, señaló Huizar Carranza, se trabaja en un procedimiento innovador para detectar signos externos de riqueza.
Explicó que se ha detectado a funcionarios que ganan 8 mil pesos mensuales pero tienen más de una residencia, automóviles de lujo, sus hijos estudian en colegios caros, entre otros factores que permiten detectar enriquecimientos ilícitos.
Se aplica la ley, aunque haya subordinación
Mientras que para los priístas éstas y otras acciones eran prueba contundente de que se estaba aplicando la ley, para Soledad Luévano eran solo una farsa, ya que no había procedimientos contra funcionarios de primer nivel.
Para el perredista Juan Carlos Regis Adame, exigir que el secretario realmente multara a funcionarios era como pedirle peras al olmo, ya que depende del gobernador Miguel Alonso Reyes y debía protegerlo a él y su grupo.
Guillermo Huizar reconoció que estaba subordinado al Ejecutivo y que su dependencia no es un órgano autónomo, pero aseguró que él iba a cumplir la ley y no a cuidar los intereses de alguien.
Sobre la opinión crítica de la diputada, dijo que no le importaba la percepción de unas cuantas personas, sino que su trabajo fuera calificado y bien valorado por la sociedad con base en los resultados.
FOTOS: OSVALDO MARTÍNEZ
