Antonio Mejía Haro, precandidato a diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que la corrupción y la impunidad son los cánceres más agresivos y malignos para el crecimiento de México.
La corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico que afecta a todos los ramos de la administración pública en los 3 órdenes de gobierno y los 3 poderes, señaló.
Ésta socava la democracia en los procesos electorales y carcome las posibilidades de progreso y crecimiento económico del país, al elevar o inflar los costos, sustraer recursos destinados a obras públicas, compras gubernamentales y servicios en educación, salud, seguridad, entre otros, consideró Toño Mejía.
Agregó que México, Zacatecas y sus municipios no superarán la pobreza, la desigualdad, el hambre, la ignorancia, la violencia, la inseguridad, la falta de oportunidades y de mejores índices de desarrollo humano si no se combate a fondo la corrupción y la impunidad.
En México se cometen 12 millones de delitos al año, de los cuales solo se denuncia el 15 por ciento y se castiga solo el 1 por ciento del total, datos que revelan que México vive una total impunidad, indicó el precandidato.
Agregó que es momento de que la ciudadanía denuncie de manera implacable y exija castigo a todo acto de corrupción, tráfico de influencias, diezmos, mordidas y sobornos de todo servidor público, sin importar su rango, filiación política o padrinazgo.
De lo contrario –advirtió- seguiremos sumidos en la impunidad, observando obras fantasmas, inconclusas o de mala calidad y servicios deficientes.
Toño Mejía enfatizó que hay que terminar con la frase «El que no tranza no avanza» y cambiarla por «Avanza combatiendo la tranza».
Es tiempo que la ciudadanía cobre conciencia y que no sólo «elija» sino también «exija» a los gobernantes y representantes populares total transparencia, rendición de cuentas y cero tolerancia a la corrupción e impunidad, indicó el perredista.
Dijo que es urgente que se aprueben reformas constitucionales para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, con amplia participación ciudadana y con un Tribunal Federal de Justicia Administrativa autónomo (para no ser juez y parte).
Dicha instancia debe imponer sanciones administrativas a servidores públicos federales, estatales y municipales por irregularidades en la aplicación de recursos, con sanciones resarcitorias y destitución de servidores públicos y cárcel a los deshonestos, concluyó Mejía Haro.
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