Las penas son irrisorias y las sanciones son de risa, dijo el procurador
El Código Penal de Zacatecas necesita reformarse de forma urgente para incluir en sus contenidos castigos contra informantes de la delincuencia organizada y delincuentes cibernéticos, afirmó el procurador de Justicia, Arturo Nahle García.
Para el funcionario otro cambio que requiere el código es elevar los castigos en temas como las sanciones contra servidores públicos.
“Las penas son irrisorias, se pueden clavar el dinero del presupuesto y las sanciones son de risa”, afirmó.
De acuerdo con el procurador si en este momento se tuviera la posibilidad de sancionar a la exgobernadora Amalia García Medina dentro del proceso que le sigue la administración estatal por irregularidades como préstamos personales sin justificar y sobreejercicio de recursos la sanción sería ridícula.
El procurador dijo que otros cambios que requiere el Código Penal son adecuar sus contenidos a las nuevas leyes federales antisecuestro y de trata de personas.
Un delito que le sobra a Zacatecas, afirmó Nahle García, es el de difamación.
Un referente que le falta es la posibilidad del aborto cuando se detecte una malformación en el producto.
La intención de la Procuraduría, dijo el funcionario, es presentar la propuesta de reforma en el actual periodo de sesiones del Congreso Local.
El procurador negó que la administración de Miguel Alonso tenga un acuerdo con exservidores públicos para no sancionarlos por las irregularidades que dio a conocer la Contraloría Interna el año pasado.
Peculado en Zacatecas
El uso indebido de recursos públicos por parte de las personas encargadas de administrarlos (delito de peculado) se castiga con entre uno y 10 años de prisión, así como una multa equivalente a dos tantos del beneficio obtenido.
Cuando el monto del beneficio obtenido no excede cien veces el salario mínimo general mensual se impone la inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o función pública por hasta tres años.
Si el monto del beneficio supera el límite anterior la inhabilitación será de tres a 10 años.
La sanción será de tres meses a seis meses de prisión si dentro de los 30 días siguientes a la denuncia, el responsable devuelve el recurso sustraído.
Fuente: Código Penal de Zacatecas, Título Octavo: Delitos cometidos por servidores públicos, artículos 200 y 201.
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