La cámara alta aprobó y turnó a los congresos estatales la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual busca prevenir, investigar y sancionar los hechos de corrupción que se den en los 3 niveles de gobierno.
En la sesión ordinaria se aprobó por 97 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones las reformas a los artículos 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 108, 109, 113, 114, 116 y 122 de la Constitución.
Sin cambios respecto a lo aprobado por la Cámara de Diputados, se establece que dicho sistema será una instancia autónoma, de coordinación entre autoridades de todos los órdenes de gobierno, para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y el control de recursos públicos.
Las modificaciones otorgan mayores facultades a la Auditoria Superior de la Federación, al eliminarse el principio de anualidad, es decir, podrá auditar en tiempo real fondos y fideicomisos, no sólo públicos sino también privados, que manejen recursos federales, y se crea la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
En materia de declaración patrimonial y de conflictos de intereses, los servidores públicos estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determinen las leyes aplicables.
También estarán obligados a presentar no sólo su declaración patrimonial, sino además sus declaraciones de intereses, que serán una herramienta para prevenir el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito de funcionarios, a sus familiares y amigos.
El Senado tendrá la facultad de ratificar el nombramiento del secretario de la Función Pública, que tiene como fin garantizar la imparcialidad de esa institución, que tiene a su cargo los procesos de control y fiscalización del gobierno federal.
La reforma propone el procedimiento de extinción de dominio en casos de enriquecimiento ilícito. Para la prescripción de sanciones administrativas graves, se aprueba ampliar el plazo a siete años por las faltas administrativas graves que prevé la legislación secundaria.
