Está impedida la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para activar la alerta que se declara cuando se pone en riesgo la vida e integridad de las mujeres.
Esa facultad le compete al Sistema Nacional para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, expuso el titular de esta dependencia de justicia, Francisco Murillo Ruiseco.
Refirió que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su Artículo 22, precisa que la Alerta de Violencia de Género es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.
La semana pasada, la diputada local, María Elena Ortega Cortés, presentó la iniciativa de punto de acuerdo para que el gobierno de Zacatecas activara la alerta de género por el alza de agresiones contra las mujeres.
El Sistema Nacional contra la violencia femenina es el encargado de acordar la procedencia de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género, la cual debe transmitir a la Secretaría de Gobernación (Segob), explicó el fiscal.
En última instancia, la Segob emitirá la notificación al titular del Poder Ejecutivo, en este caso de Zacatecas. Ello, de conformidad con el artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
De 2013, año en que se tipificó el feminicidio en el Código Penal del estado, a la fecha, se han registrado 22 casos, según el Centro de Justicia para las Mujeres, había informado, la legisladora local, Geovanna Bañuelos de la Torre.
Ha sido activada la alerta de género en entidades como Colima, Michoacán, Baja California, Guanajuato, Morelos, Sonora, Querétaro, Veracruz, Quintana Roo, San Luis Potosí y Estado de México, detalló.
El Centro de Justicia para las Mujeres ha reportado que en 2013 se registraron 30 homicidios de mujeres; en 2014 fueron 15, en 2015 fueron 16 y en el primer semestre de este año hubo 7 casos tipificados como feminicidios.
Las condenas por este delito van de 20 a 40 años de prisión, aunque pueden establecerse, incluso, condenas de hasta 50 años.
