El diputado federal panista Arturo Ramírez Bucio advirtió sobre la posibilidad de que grupos del crimen organizado aprovechen la transición del gobierno estatal en Zacatecas para pelear la plaza.
Indicó que para evitar dicho escenario se deben enviar refuerzos federales y que el gobernador electo, Miguel Alonso Reyes, debe nombrar como primer funcionario de su gabinete al secretario de Seguridad Pública.
El legislador zacatecano sostuvo que el secretario de Seguridad debe comenzar a trabajar desde antes del cambio de gobierno para conocer la operación de las policías estatales y coordinarse con las fuerzas federales.
“Con esto se evitaría que se pelee la plaza y para prevenir que no se incremente la inseguridad”, expresó Ramírez Bucio durante su conferencia dominical.
Se sumó al llamado de legisladores perredistas para que se refuerce la seguridad con elementos de la Policía Federal y del Ejército, aunque consideró que este último es el indicado para combatir al crimen organizado.
En panista también se pronunció para que los elementos de las corporaciones municipales dispongan de mejor armamento, y se tenga una ficha técnica de los policías.
Ese mecanismo permitiría conocer el perfil de quienes integran las direcciones de Seguridad Pública, pues algunos de sus miembros pasan a formar parte del crimen organizado.
Pide una mejor fiscalización
Ramírez Bucio hizo un llamado para que en el siguiente sexenio se mejore la fiscalización de los recursos públicos.
Propuso que se deje en manos de los partidos de oposición esta labor y se fortalezca la Contraloría Interna y la Auditoría Superior del Estado.
Dijo que los diputados de oposición deben actuar con ética y no ser comparsa del Ejecutivo, pues a veces “se sirven con manga ancha”.
Como ejemplo afirmó que este año los recursos para el Congreso local pasaron de 60 millones de pesos a 94 millones de pesos.
Expresó que el incremento explica el llamado bono del bicentenario que se dieron los diputados, aunque en otros años son de “Hidalgo” o para el 2013 podrían decir que es “del nuevo milenio”.
Se trata de un tema de moral y ética, dijo el legislador, quien señaló que en los propios sueldos de los diputados locales hay opacidad, pues no se conoce la cifra real, aunque se habla de entre 130 mil y 180 mil pesos.
