De acuerdo con una auditoría aplicada a la 60 Legislatura local, los 30 ex diputados “tomaron” indebidamente 26 millones 904 mil pesos, correspondiente a las herramientas legislativas de septiembre a diciembre de este año.
Cada uno de los 30 parlamentarios se llevó en promedio 883 mil pesos de ese recurso, que a juicio de la actual Legislatura no les correspondía ejercer.
En ese proceso de fiscalización realizada por la Auditoría Superior del Estado (ASE), también se detectó que el ex legislador del PRD Juan Mendoza Maldonado no comprobó 2 millones de pesos destinados al gasto de gestión social del 2013.
La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece que en caso de que un funcionario de gobierno o legislador no logre comprobar el uso del dinero ejercido puede ser objeto a una sanción.
Dicha sanción puede ir desde el resarcimiento del recurso, un apercibimiento público o privado o hasta una denuncia penal.
Será la ASE quien procederá en consecuencia, ya que los presuntos imputados dispondrán de 20 días hábiles para presentar pruebas del gasto.
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