“La Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Revisión Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2002 (federal), más no la está avalando, al contrario, con ello se denuncian las desviaciones financieras ocurridas durante esa gestión gubernamental”, declaró la diputada federal Claudia Edith Anaya Mota, al hacer un recuento de lo contenido en ese documento.
“Existen desvíos graves en fondos y fideicomisos como ISOSA-aduanero-, IPAB, el Fondo de Rescate Azucarero y el Fondo Carretero. En Pemex se cometieron errores con respecto a costos, se detectó el incremento del gasto corriente en un 6.5%, así como un 3.5% más en el rubro de servicios personales y presenta subejercicios por la deficiente programación”, señaló la perredista.
El dictamen referido por Claudia Anaya señala en su artículo quinto que como resultado de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública de 2002, la Auditoría Superior de la Federación practicó 336 fiscalizaciones, que generaron 2 mil 584 observaciones, que representan alrededor de 72 mil millones de pesos.
En este sentido, la legisladora indicó que el objetivo de evaluar los resultados de la gestión financiera es comprobar que el uso de los recursos públicos se haya ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.
Y, explicó, “si del examen que se realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo a lo establecido con la ley”.
La Secretaría de Educación Pública, Pemex Refinación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Comisión Federal de Electricidad, fueron las dependencias auditadas durante este proceso de revisión de Cuenta Pública, correspondiente al ejercicio fiscal 2002, por ser quienes presentaron una mayor número de observaciones.
Resultado también de este ejercicio fiscalizador de la Cámara de Diputados, Claudia Anaya comentó que se dio instrucción a la Auditoría Superior de la Federación para que informe sobre las acciones que se han realizado para garantizar un transparente ejercicio de los recursos públicos federales que se transfieren a las entidades federativas y municipios vía Ramo 33.
A ello se suma la exhortativa dirigida al Ejecutivo Federal de que continúe implementando medidas que disminuyan el gasto corriente del gobierno federal y a que instruya a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para que ejerzan el presupuesto aprobado conforme a su programación.
Además de solicitar al mismo Poder Ejecutivo que proporcione información sobre los recursos contenidos en los fondos y fideicomisos públicos vigentes e informe sobre el estado que guarda el cumplimiento de las recomendaciones y observaciones formuladas por la Auditoría Superior de la Federación.
Finalmente, Claudia Anaya Mota, integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en la 61 Legislatura Federal, manifestó que con este dictamen, la Cámara de Diputados restablece este ejercicio legislativo en virtud de que no habían sido revisadas las Cuentas Públicas desde el 2002 hasta el 2009, “trabajo que es resultado también de las acciones de la Auditoria Superior de la Federación, institución que es fruto del trabajo parlamentario de la izquierda mexicana en el Congreso”, resaltó.
