Tres ayuntamientos y una dependencia del gobierno estatal negaron datos o contestaron en forma incompleta a solicitudes presentadas por ciudadanos a través de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
Dichos datos son actas de cabildo sobre pago de bonos especiales a regidores, evaluaciones ecológicas de un basurero, liquidaciones del personal y un informe financiero municipal.
Lo anterior se dio a conocer durante la reunión de pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP), integrada por el presidente Jaime Cervantes Durán y los comisionados Juana Valadez y Jesús Mendoza.
La primera inconformidad fue en contra del Ayuntamiento de Guadalupe, en la que una ciudadana a través del sistema Infomex pidió copia de los recibos u oficios en los que el cabildo autorizó bonos para regidores, incluido el llamado “bono patrio”.
La autoridad municipal entregó parte de los datos pero no los acuerdos de cabildo donde se aprobaron los bonos especiales
Según el expediente RR00005309, el ayuntamiento argumentó que al momento de la solicitud no tenía “la información total requerida”, pero el pleno de la CEAIP determinó que tales documentos están en poder de la autoridad.
Revocó la clasificación y notificó al alcalde Mario Román que en un plazo no mayor a 7 días hábiles debe entregar los datos a la peticionaria.
En el segundo caso, un ciudadano entabló una denuncia en contra del Instituto de Ecología y Medio Ambiente de Zacatecas (IEMAZ), según consta en la queja 0129/2009.
El peticionario solicitó copias de la última evaluación realizada al basurero de Jerez, las normas en materia ecológica que debe cumplir y las acciones que ha realizado el instituto en 2009 para que se cumpla con la normatividad ecológica.
A través del Infomex se venció el plazo de respuesta de 20 días hábiles y el IEMAZ no envió ningún documento, ante lo cual el peticionario presentó la queja contra la autoridad ambiental.
En el proceso de desahogo de pruebas la dependencia notificó que ya entregó las copias solicitadas y argumentó que por problemas técnicos no contestaron las peticiones en el tiempo obligatorio, con lo cual quedó concluido el expediente.
El tercer asunto fue una queja contra la presidencia municipal de Villanueva, integrada en el documento Q-0130/2009, que establece que un ciudadano solicitó “liquidaciones del personal adscrito al IMSS correspondiente a los periodos de enero a diciembre del 2008 del registro patronal de la Presidencia Municipal”.
La autoridad municipal no entregó la respuesta en el plano de 20 días hábiles que establece la ley, por lo que el ciudadano presentó una queja y se dio derecho de audiencia a la presidencia municipal.
La autoridad argumentó que no contestó la solicitud porque los datos pedidos son privados, sin embargo según la propia Ley de Acceso en el Artículo Nueve indica que todo pago hecho a cualquier persona a través de recursos provenientes del cobro de impuestos es público.
Se notificó al alcalde Antonio de la Torre del Río para que en un plazo no mayor de 7 días hábiles entregue la información al peticionario.
El último caso analizado corresponde al expediente RR-086/2009, presentado por una ciudadana en contra del Ayuntamiento de Jerez, a quien solicitó “informe trimestral de Ingresos y Egresos en todos los rubros contables, correspondiente a los dos últimos trimestres de este año”.
La presidencia sólo entregó un trimestre, lo cual motivó la inconformidad que fue resuelta por el pleno a favor de la peticionaria y se notificó a la alcaldesa Araceli Ávila Cortés que en no plazo no mayor a 5 días debe dar a conocer el informe faltante.
