La indignación aumenta entre la comunidad universitaria luego de que el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) aprobara iniciar un proceso de destitución contra el rector Rubén Ibarra Reyes, pero sin expulsarlo de la institución, a pesar de haber sido sentenciado por el delito de abuso sexual en perjuicio de una menor de edad.
Para estudiantes, activistas feministas y colectivos universitarios, esta decisión representa una simulación institucional que perpetúa la impunidad.
En medio de protestas y consignas como “¡Fuera el violador de la UAZ!”, el órgano colegiado universitario sesionó en un ambiente de fuerte presión social. Sin embargo, en lugar de aplicar sanciones ejemplares o asumir una postura firme ante los hechos, optó por una salida ambigua mientras se desarrolla un procedimiento que podría tardar semanas.
Desde el viernes, estudiantes y colectivas feministas mantienen tomada la Rectoría y el Campus Siglo XXI, como un acto de protesta frente a lo que califican como negligencia institucional.
Exigen la salida inmediata de Rubén Ibarra, así como la depuración total del gabinete universitario, bajo el argumento de que algunos de sus integrantes han encubierto casos de violencia de género o tienen señalamientos similares.
La protesta no solo se ha mantenido activa, sino que ha escalado en organización y visibilidad. Este miércoles las estudiantes colocaron un tendedero de denuncias en el Teatro Fernando Calderón, con fotografías de presuntos docentes acosadores pertenecientes a distintas unidades académicas y centros de investigación de la UAZ.
Esta acción busca visibilizar los múltiples casos de violencia sexual y de género que, según denuncian, han sido históricamente ignorados por las autoridades universitarias.
En un nuevo posicionamiento, los estudiantes que encabezan la protesta exigieron en comunicados que el Consejo Universitario no sólo revise la situación jurídica del rector, sino también que se investigue y evalúe la ética personal y profesional del nuevo gabinete de Rectoría
“Debe rechazarse a quienes no cumplen con un comportamiento ético, tanto en la institución como en su vida personal”, señalaron.
Entre las demandas principales también se incluye un llamado urgente a la Comisión de Equidad de Género —encabezada por la doctora Liliana Angélica Vélez— para que finalice y promueva de forma institucional el Protocolo de Género, herramienta clave para prevenir y sancionar la violencia de este tipo al interior de la UAZ.
Además, el pliego petitorio exige que todas las asambleas del Consejo Universitario y otros órganos colegiados se realicen de manera presencial, con el fin de garantizar la transparencia y participación de la comunidad, y evitar decisiones tomadas “en lo oscurito”.
Los estudiantes y activistas universitarios advirtieron que no regresarán a las aulas hasta que las autoridades de la UAZ den respuesta clara y pública a sus demandas, y establezcan compromisos firmes y verificables.
Consideran que la falta de acción contundente por parte del Consejo Universitario es una señal preocupante de encubrimiento institucional.
