El exmilitar Germán Martínez García y otros 6 compañeros que se dedicaban a las labores del campo fueron privados ilegalmente de su libertad, presuntamente por elementos del Ejército Mexicano, denunciaron sus familiares este jueves.
Los familiares realizaron una protesta en las inmediaciones del Congreso del Estado, en donde exigieron la aparición con vida de los jornaleros.
Los hechos ocurrieron en Calera el miércoles 8 de julio, entre 5 y 5:30 de la mañana, cuando llegaron 4 unidades marcadas con el número 0897 con soldados y, con lujo de violencia y groserías se llevaron a 5 hombres y 2 mujeres, entre ellos 4 menores de edad, dijeron.
De acuerdo con el testimonio de la esposa de Germán Martínez, los soldados llegaron preguntando por su marido y dijo que todos recibían órdenes del ‘Comandante Recéndez’.
La mujer, quien no proporcionó su identidad por temor a represalias, mencionó que hace 1 año y medio su esposo de 26 años, se dio de baja del Ejército porque quería estar al lado de sus 3 hijos.
Mencionó que no sabía si su esposo conocía al comandante y si tuvieron un altercado que pudo desencadenar en esta situación, sin embargo, alegó que el «Comandante Martín Pérez Recéndez está involucrado en otros casos similares», por lo que exigen una aclaración y justicia.
«No queremos que pase lo mismo que ocurrió con los estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero», reprochó otra de las personas que acudieron a la manifestación en el Congreso Local.
Los familiares de las víctimas interpusieron una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) y levantaron una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.
Acudieron al 97 Batallón de Infantería de Fresnillo, lugar en el que supuestamente está adscrito el comandante, y pidieron información sobre sus familiares, y también fueron al campamento de la Marina Armada de México en El Mineral.
Los jornaleros desaparecidos son: Jorge David Venegas Leaños, María Alejandra Rocha Montes, Beatriz Fernández Hernández, Fernando José Rodríguez, Guillermo García Murrieta y Germán Martínez García.
En el Congreso, los afectados fueron recibidos por José Manuel Contreras Santoyo, subprocurador de Derechos Humanos y Atención a Víctimas en la Procuraduría General de Justicia del Estado.
