MÉXICO, D. F.- “El Estado Mexicano ha sido permisivo para con los inversionistas del sector minero, por lo que es urgente reformar la Ley Federal de Derechos en materia de extracción que implique un nuevo modelo que replantee la distribución de los recursos”, señaló la diputada Claudia Edith Anaya Mota.
La legisladora federal zacatecana señaló que el trato tan desigual que se le da a esta industria y que se refleja en la baja recaudación de éstas considerando los altos márgenes de ganancias que obtienen, no resarcen el daño ambiental a las comunidades de donde extraen minerales.
Anaya Mota propone adicionar un derecho extraordinario con un monto similar al derecho ordinario, que se distribuirá entre los municipios con mayor producción minera y menor desarrollo humano.
De tal modo, se tratará de subsanar el negativo impacto ambiental y las afectaciones sociales de estas comunidades, así como los graves daños a la salud de las personas.
La perredista explicó que plantear este nuevo derecho extraordinario fuera de la Recaudación Federal Participable, implica mayores recursos para las entidades con mayor rezago social y perturbación ambiental.
En el caso de Zacatecas, implicaría que al menos un 10.2% de ese nuevo derecho se transfiera a los municipios más afectados, lo que se traduce en 199.3 millones de pesos aproximadamente.
Esto además, -dijo la integrante de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados- pretende promover la inversión y generar mayores ingresos sobre los derechos de extracción minera, que aunque está en incremento sigue siendo insuficiente.
En 2002 lis ingresos representaban el 0.8% del PIB minero para llegar al 2010 al 1.7% de dicha producción.
Esto, dijo, “es otra muestra de la ineficiencia tributaria y tratamiento especial que se les da a ciertos sectores económicos, ya que éste no contribuye con la recaudación de la producción del propio ni en un 1%”.
De acuerdo a comparaciones internacionales, la tasa de retorno de la inversión debe estar alrededor de un 15%, por lo que en la actualidad existe cierta rigidez respecto al incremento de las tasas impositivas que afectan a este sector.
“El Estado debe reconocer que los recursos naturales minerales no son renovables, y que conforman un capital natural de propiedad de la nación, por lo que debe corresponder a éste la contribución económica, dado el daño patrimonial y ambiental que se ocasiona”, indico Claudia Anaya.
En los antecedentes que menciona en su iniciativa, señala que el sistema tributario mexicano en este rubro se basa en el pago de un derecho por el número de hectáreas amparadas por el título de concesión, ajustándose la cuota conforme la antigüedad de la misma.
Lo anterior implica que de la recaudación de derechos en el periodo de 2002-2010 constituye en promedio un 1.1% del total de la producción del mismo periodo.
“No existe una retribución adecuada del modelo de recaudación impositiva respecto a la producción y las ganancias de este sector, ya que no llega nada de la riqueza del subsuelo a las comunidades”, señaló Anaya Mota.
En 2010, los derechos por concepto de minería alcanzaron mil 949.7 millones de pesos, mientras que la producción estimada fue de 114 mil 891.6 millones; esto implica que este sector solo pagó un 1.7% de lo que produjo.
La propuesta, a la que se sumó el diputado federal zacatecano Luis Enrique Mercado Sánchez, pretende ser la primera parte de una necesaria reforma al pago de impuestos y derechos del sector minero, comenzando con la retribución de los recursos a las entidades federativas y municipios más afectados.
