En la sesión del Congreso local de este martes, la Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales puso a consideración del Pleno reformas a la Constitución Política para velar por el sano desarrollo de los niños, además de garantizar el derecho a la alimentación.
La diputada María de la Luz Domínguez Campos dio lectura al dictamen relativo a la Minuta Proyecto de Decreto que establece modificaciones a los artículos 4 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En México, dijo, se tiene una enorme deuda histórica con los niños y niñas, a quienes no se les ha heredado un futuro más promisorio.
Ese abandono comienza a reflejarse cuando los menores son reclutados por organizaciones criminales y de trata de personas, para ser utilizados en trabajos esclavizantes propios de épocas feudales.
María de la Luz Domínguez mencionó que nunca es tarde para cambiar el rumbo y que la reforma llega en un momento oportuno, en el que es necesaria una política de Estado que ponga en la cúspide de las políticas a los niños y niñas.
Explicó que en ellos descasa la colosal tarea de salir del atraso y subdesarrollo, de llevar al país por el sendero del progreso en el que todas y todos los niños y las niñas puedan madurar sus potencialidades.
Por ello, en todas las decisiones y actuaciones del Estado se debe vela y cumplir con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.
Domínguez Campos añadió que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
Derecho a la alimentación
La Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales también presentó el dictamen de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se modifican los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Concluye que la alimentación es un derecho humano fundamental y, como tal, debe ser reconocido, respetado, protegido y garantizado por los Estados.
Este derecho precisa, a su vez, el disfrute de otros derechos como el derecho al agua o el derecho al desarrollo sustentable que se toca de manera paralela en la iniciativa.
El documento ratifica la voluntad política de las cámaras proponentes para que los derechos económicos, sociales y culturales sean equiparados de facto a los políticos y civiles.
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