La escuela primaria Eulalia Guzmán Barrón, ubicada en el fraccionamiento El Carmen, de Guadalupe, se ha convertido en escenario de un conflicto que ha sacudido a toda su comunidad escolar.
Desde hace varios días, padres de familia mantienen tomadas las instalaciones y han llevado sus protestas a las calles, exigiendo que sea retirado del plantel un alumno de cuarto grado, señalado por conductas violentas que, desde golpear a compañeros, han escalado a matar a 2 gatos.
Sin embargo, detrás de esta disputa no solo hay preocupación y enojo, también hay un debate de fondo: cómo garantizar la seguridad de los estudiantes sin vulnerar los derechos de un niño que, pese a las acusaciones en su contra, sigue teniendo el de la educación.
Una tensión que se arrastra desde hace años
De acuerdo con madres y padres inconformes, los episodios de agresión comenzaron desde que el menor ingresó a la primaria y con el paso de los años se han vuelto más graves.
Han denunciado empujones, golpes y amenazas contra compañeros, además de comportamientos que los han alarmado profundamente. Algunos estudiantes han resultado lesionados y varias familias han decidido cambiar de plantel a sus hijos para evitar riesgos.
Aunque los reportes han sido constantes, aseguran que sus quejas no han sido atendidas de manera eficaz por las autoridades educativas, lo que ha alimentado la frustración y el temor entre la comunidad escolar.
“Ya no es solo bullying, es violencia”, han expresado en diversas manifestaciones públicas, señalando que incluso han recibido amenazas por parte de los padres del niño.
Derechos en juego: no discriminar, no excluir
Pese a la presión social, la Secretaría de Educación de Zacatecas (SEZ) ha explicado que no puede reubicar al alumno porque existe una queja por discriminación interpuesta por su familia, y las instancias competentes han determinado que debe continuar en la escuela mientras se define una ruta de atención.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), que interviene en este caso desde hace 2 años, sostiene que la prioridad es proteger a todas las niñas y niños involucrados, pero evitando cualquier acción que implique revictimizar o estigmatizar al menor señalado.
Desde este enfoque, tanto él como sus compañeros tienen el mismo derecho a recibir educación en un entorno seguro, por lo que se busca implementar un esquema de convivencia que no implique su expulsión ni su aislamiento.
Protestas y bloqueos: la presión de los padres
La situación llegó a un punto crítico cuando, ante la falta de una solución inmediata, un grupo de madres y padres decidió cerrar la escuela y bloquear la avenida García Salinas, una de las vialidades más transitadas de Guadalupe, durante más de una hora. Su exigencia es clara: la salida del alumno como única vía para proteger a los demás niños.
Durante la protesta, señalaron que al menos 38 estudiantes se sienten amenazados y que algunos ya han dejado de asistir a clases. Consideran que los esfuerzos de mediación han sido insuficientes y que, mientras el menor permanezca en el plantel, existe un riesgo latente para sus hijos.
Mediación y prevención: la vía que proponen las autoridades
Frente a este escenario, la SEZ activó el protocolo de atención a casos de violencia escolar y, con apoyo de la Subsecretaría de Prevención del Delito, busca establecer un plan de convivencia supervisado.
También se instaló una mesa de trabajo con los padres inconformes para diseñar medidas que garanticen la seguridad de toda la comunidad escolar sin vulnerar los derechos del niño en cuestión.
La CDHEZ participa en estas reuniones junto con personal jurídico de la dependencia educativa, insistiendo en que cualquier decisión debe priorizar el interés superior de la niñez.
En paralelo, se han reforzado las acciones de capacitación y sensibilización en el plantel, dirigidas a alumnos, maestros y familias, para prevenir la violencia y promover el respeto a los derechos humanos.
Un caso inédito y un reto para el sistema escolar
Las autoridades educativas reconocen que se trata de una situación excepcional, sin precedentes recientes en el estado, y que representa un desafío para las instituciones: atender las demandas legítimas de seguridad sin caer en prácticas discriminatorias que marquen de por vida a un niño.
Mientras la tensión persiste y las familias esperan una resolución definitiva, el caso de la primaria Eulalia Guzmán Barrón ha puesto sobre la mesa un dilema complejo: cómo proteger a las víctimas de la violencia escolar sin convertir también en víctima a quien es señalado como agresor.
