Lejos de intimidarse con la actuación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por el supuesto delito de falsificación de documentos, el diputado perredista, Juan Mendoza Maldonado, arremetió de nueva cuenta contra el gobernador y los funcionarios que anunciaron el posible inicio de un proceso de desafuero en su contra.
En el episodio de este jueves, el diputado riogense cuestionó al procurador Arturo Nalhe García y al contralor interno Guillermo Huizar Carranza.
En conferencia de prensa realizada ayer miércoles, el legislador denunció la supuesta opacidad en la adquisición de bienes inmuebles por parte del mandatario estatal, y mostró una serie de documentos en los que se presume que Miguel Alonso Reyes compró un rancho próximo al vertedero de la presa de Malpaso.
Más tarde, también en conferencia de prensa, el procurador anunció el inicio de una investigación contra el diputado por la presentación de pruebas que al parecer contienen omisiones, pues mencionó que, de acuerdo al Artículo 21 del Código Penal, la falsificación de documentos se persigue de oficio.
Este jueves, Mendoza Maldonado cuestionó a Nahle García por qué el supuesto delito de enriquecimiento ilícito del gobernador no se investigaba también de oficio. Refirió que la obligación del procurador es ser garante de la justicia, “pero ayer eso no sucedió, me acusó, me sentenció y me desaforó ¡Y absolvió FasttTrack a su gobernador del estado!”.
Al contralor le recordó que su obligación constitucional es integrar procesos administrativos en contra de servidores públicos, ser garante de la transparencia y del combate a la corrupción.
Retan al gobernador a valuar sus propiedades
Juan Mendoza afirmó que los valores de las propiedades del gobernador son irrisorios y ofenden el sentido común de los zacatecanos.
Retó al gobernador a que sus propiedades sean valuadas por un perito de otra entidad federativa al mencionar que no hay certeza del valor real de esas propiedades.
Mendoza Maldonado sostuvo que la clase política se ha tomado el derecho de endeudar a Zacatecas a niveles estratosféricos, de gastar 16 millones de pesos en la Casa de Gobierno y cobrar hasta el 10 ó 15 por ciento de la obra pública.
“También creen que tienen derecho de ocultar y cancelar la crítica, algo que no van a lograr porque somos una sociedad plural”, sentenció.
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