Diego Rosendo, de 17 años, salía la madrugada del sábado 14 de julio de este año del bar La Milagrosa, en Fresnillo, cuando fue acribillado junto con un acompañante. Al día siguiente, cuando se realizaba su funeral, un comando armado llegó y disparó contra los asistentes matando a 7.

A pesar de la tragedia, los padres decidieron continuar orando por el alma de su hijo y en su domicilio hicieron un novenario, al que también llegó un grupo de sujetos armados que disparó a quienes se hallaban ahí y asesinó a 2 personas: una mujer que dirigía el rosario y al padre del menor fallecido.

Un mes antes, Diego Rosendo fue detenido en posesión droga. Como medida cautelar se le prohibió salir de la ciudad, donde presuntamente estaba integrado a la banda Los Terrones, a la que ingresó sin saber que encontraría no solo su muerte, sino también la de 9 personas más que deseaban darle la última despedida.

Este caso ilustra una situación de violencia y que un menor de edad en las filas del crimen organizado es peligroso e involucra a más personas cercanas, lo que nos lleva como sociedad a preguntarnos qué los lleva a servir a grupos criminales y cómo pueden evitarse situaciones trágicas como ésta.

Publicada en agosto de este año, la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal (ENASJUP), arroja datos que no se habían recopilado antes y permiten conocer la situación de menores de edad que han cometido un delito y están en situaciones similares a la de Diego.

Las circunstancias personales de cada menor de edad que comete un delito son un reflejo de un problema mayor a nivel social.

Se predica con el ejemplo
Suele asociarse la delincuencia entre menores de edad al maltrato que sufren en el hogar, pero solo 1 de cada 4 adolescentes sentenciados manifestó que lo insultaban sus padres, 13% que era agredido físicamente y 10% que lo humillaban.

En contraparte, el ejemplo que les daban no era el mejor, pues el 80% dijo que en su casa sus tutores se emborrachaban frecuentemente, y en 57% de los casos los adultos en su hogar tenían conductas antisociales o delictivas, como drogarse o formar parte de grupos criminales.

Los problemas de los adultos no necesariamente se reflejan en violencia física a sus hijos, pero se trasmiten de otras maneras si tienen comportamientos incorrectos o hay conflictos de pareja que llevan a la separación.

67% de los adolescentes sentenciados no vivía en hogares donde estuviera presente el padre y la madre; 4 de cada 10 habitaban con su mamá y solamente el 11.1% no vivía con nadie, lo que se conoce como niños de la calle.

Esto muestra que la mayoría de adolescentes que cometen delitos tienen un hogar, pero en 2 terceras partes está fragmentado y hay ausencia de la figura paterna, materna o ambas.

Denuncias en aumento por problemas familiares
En el Poder Judicial en Zacatecas la justicia familiar representa la mayor carga de trabajo con 43% de los asuntos que ingresan para resolver cuestiones que tienen que ver con el pago de alimentos, guarda y custodia, adopción, convivencia y patria potestad, principalmente.

Las demandas por violencia familiar se han incrementado notablemente en los últimos 3 años, destacando los juicios por incumplimiento en pensión alimenticia. Para esto se debe considerar que detrás de cada caso hay una historia de conflicto.

El menor número de matrimonios y el alto índice de divorcios cuando hay hijos refuerzan esta tendencia a las familias monoparentales, que van en aumento.

Se considera el incumplimiento de la pensión alimenticia como una forma de violencia familiar, y en México el cálculo es que solo 1 de cada 3 madres solteras la recibe, de manera que, si los papás no atienden responsabilidades materiales para sus hijos, mucho menos las psicoafectivas o emocionales.

En un comunicado con motivo del Día Mundial de la Familia, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) señala que las familias monoparentales, aunadas a otras variables, pueden presentar mayor riesgo de pobreza, dificultades económicas, precariedad e inestabilidad laboral, además de mayor conflicto en el desarrollo de los hijos.

Pero la violencia infantil no es solo de adultos a menores, sino entre los propios niños, como reflejan las estadísticas en la entidad, pues en muchos de los casos es entre los propios compañeros.

En un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el primer lugar en violencia física, abuso sexual y homicidios de menores de 14 años entre los 36 países que la conforman.

La tasa de prevalencia para el delito de violación en niños en Zacatecas es de 1%, y en 57 de cada 100 casos la víctima fue un varón. Este delito es de los peores que se pueden cometer contra un infante y de los que dejan una herida más profunda.

Robert Parra, psicólogo que investigó más de 100 perfiles de violadores encarcelados en América Latina y el Caribe, encontró que en todos los casos habían sufrido abuso sexual de niños.

En la mayoría de los casos los delitos de violación se ocultan por ser el culpable un familiar o alguien cercano, además de la manipulación que se ejerce sobre la víctima, por lo que el porcentaje puede ser mayor a la estadística.

Embarazo a temprana edad, factor de riesgo
Zacatecas tiene una prevalencia de embarazos en mujeres menores de 20 años de 18.3%, y es uno de los 3 primeros estados en México donde hay un preocupante incremento entre las niñas de 10 a 14 años de edad.

De las mujeres adolescentes sentenciadas en Zacatecas, 62% dijo haber tenido un embarazo –3.5 veces más que el promedio de su edad-, de las cuales el 30% abortó, de acuerdo a la encuesta de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal.

En el Programa Nacional de Prevención de la Violencia y la Delincuencia 2013-2018, el embarazo temprano se considera como factor de riesgo asociado a la violencia y a la delincuencia, ya que limita las oportunidades para completar la educación, así como acceder a mejores puestos de trabajo e ingresos, además de posibles problemas emocionales, que orillan a conductas violentas o delictivas.

Aumento del consumo de drogas ilegales y alcohol
Otro factor de riesgo identificado es el consumo y abuso de drogas legales e ilegales. Zacatecas ocupa los primeros lugares en consumo de alcohol entre adolescentes a nivel nacional, y aunque no esté siempre vinculado a delitos si se relaciona con los fallecimientos, es un foco rojo.

En México, los accidentes de tránsito representan la primera causa de muerte de jóvenes de entre 15 y 29 años. Reportes del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) revelan que entre 40 y 60 por ciento de los accidentes mortales de tráfico se relacionan con el consumo de bebidas alcohólicas.

El consumo de drogas ilícitas entre adolescentes en 8 años aumentó casi 5 veces. Por rangos de edad, 1 de cada 5 niños de entre 10-14 años ha consumido, mientras que de los 15 a los 17 años lo ha hecho casi la mitad, siendo las drogas sintéticas las que han tenido mayor incremento de consumo.

Aumento en suicidio infantil
Como en el caso de las violaciones, al ser cuestiones tan dolorosas y difíciles de tratar, el suicidio infantil suele evitarse abordar, pero al estar entre las 3 principales causas de muerte entre adolescentes, es un tema que tiene que analizarse para ser atendido.

Depresión, desesperanza, estar en una familia disfuncional, el abuso de sustancias psicoactivas, el fracaso y el acoso escolar, entre otros, son los principales factores de riesgo que se han asociado a las conductas suicidas entre niños y adolescentes.

Se ha incrementado en gran medida el número de menores que se quitan la vida desde 2008; aunque puede variar de un año a otro, la tendencia es preocupante porque va al alza a nivel estatal y nacional. De 2008 a 2015 en Zacatecas aumentó 5 veces entre menores de 18 años.

22 mil ‘ninis’
Se estima que en Zacatecas hay alrededor de 22 mil niños mayores de 5 años y adolescentes ‘ninis’, es decir, que ni estudian ni trabajan, y aunque se cree que están más expuestos a cometer crímenes, es una idea no tan acertada de acuerdo a los datos duros.

De acuerdo a la Encuesta de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal en la entidad, una semana antes de su detención, 80% habían estado trabajando.

En cuanto a nivel de escolaridad de los adolescentes sentenciados por delitos, su nivel no es diferente al del promedio del resto de su edad, al tener el 86.3% su educación básica terminada.

89% de los internos ha continuado con sus estudios al interior del Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil, mientras los que llevan medidas sancionadoras afuera, estudian o trabajan en su gran mayoría.

Ser nini no orilla precisamente a cometer delitos, además de que quienes lo han hecho y pagan una sentencia en la entidad manifiestan en 96.5% de los casos tener una expectativa de trabajar y en 87.3% de regresar a la escuela.

De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015, 37% de los adolescentes de 17 años no acude a la escuela, edad en la estarían a punto de terminar la preparatoria o el bachillerato para pasar a una institución de educación superior, lo cual solo hace 38%.

Trabajar es el principal factor para que no estudien, y aunque puede ser bien visto que un menor haga ambas cosas como muestra de responsabilidad, esta situación hace que tengan 7 veces más posibilidades de dejar la escuela.

De los adolescentes sentenciados que no están presos, la mitad expresó que no estudia porque tiene la necesidad de trabajar los 7 días de la semana.

Ocupa el trabajo infantil en Zacatecas los primeros lugares a nivel nacional en cuanto a lo que puede considerarse como explotación laboral, ya que no se paga o hay mala paga, se trabajan largas jornadas y las condiciones no son las adecuadas.

Zacatecas ocupa en trabajo infantil el primer lugar ocupación peligrosa, segundo en actividad no permitida en menores de edad, tercer lugar en ocupación infantil por debajo de la edad legal permitida, además que la mitad de los niños y adolescentes que trabaja no percibe salario.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social advierte que sin educación los niños y adolescentes tienen pocas probabilidades de romper el ciclo de pobreza de sus familias que los llevó a trabajar.

También se exponen a los efectos nocivos del trabajo como riesgos físicos, dejar de dormir las horas necesarias, explotación laboral y dedicar menos tiempo a actividades recreativas o deportivas propias de su edad.

¿Hay cada vez más adolescentes cometiendo crímenes?
Es común escuchar que cada vez más menores y a más corta edad se introducen en delincuencia, pero las cifras de adolescentes investigados por cometer delitos en la entidad muestran que en los últimos años no se han incrementado, ni se involucran cada vez a menor edad en actividades ilícitas, tendencia que es similar a nivel nacional.

En Zacatecas, por el tipo de delitos que cometen, están más vinculados a la delincuencia organizada, lo cual no ocurre en el resto del país.

A nivel nacional los adolescentes son sancionados por conductas delictivas entre las que el robo está en primer lugar, principalmente a vehículos, viviendas y transeúntes.

En cuanto a homicidios, el promedio nacional es de 16.8% y a nivel local de 27.5%, mientras que en la entidad el robo ocupa el quinto lugar y la mayoría de adolescentes son sentenciados por secuestro, asesinato, violación y portación ilegal de armas.

Los delitos en los que se ven involucrados los adolescentes son los que causan un mayor impacto social y generan una sensación mayor de inseguridad.

Hasta agosto de este año, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP) colocaba a Zacatecas como el noveno estado en homicidios dolosos, los cuales se han visto incrementados más de 5 veces en 4 años.

Hasta agosto de 2018, la entidad ocupa la segunda posición en secuestro en el país y la primera en extorsiones, pese a que han disminuido con respecto al 2017.

En contraparte, en Zacatecas el robo o asalto en calle o transporte público es el tercero más bajo en el país, a diferencia de otras entidades como el Estado de México y la Ciudad de México, donde asaltan 10 veces más.

Aunque se cree que hay un historial delictivo detrás de cada adolescente apresado, de 101 que se encuentran actualmente en el sistema de justicia penal, solo una tercera parte había cometido infracciones anteriormente sin ser detenido.

De los que ya habían cometido delitos pero no los habían detenido, una tercera parte lo había hecho más de 10 veces, es decir, de 101 sentenciados 9 habían cometido más delitos que los otros 92.

9 de cada 10 entrevistados consideró improbable que vuelva a ser procesado por cometer otro delito, ya que han aprendido la lección.

Homicidios a inocentes aumentan indignación social

Cada asesinato impacta a la sociedad y es muy doloroso para las personas cercanas, pero la indignación social aumenta cuando se trata de niños.

Uno de los casos que ha causado mayor rabia fue el de San Juana Romo Navarro, de 9 años, que fue a una tienda muy cercana de su domicilio en Guadalupe para comprar unas bolsas, y en el camino un vecino la raptó, violó y asesinó.

Una semana después, la adolescente Litzi Sarahí Valadez Hernández, de 16 años, fue privada de la libertad junto con su bebé y un par de días después fue hallada asesinada a cuchilladas, mientras su hijo se encontró en Aguascalientes.

Ese mismo fin de semana, otra madre fue asesinada a balazos en Fresnillo, presuntamente por su expareja, quien le quitó a la bebé de unos meses de edad y la cual fue hallada a los pocos días.

En el primer caso, los padres ya no podrán darle el amor y cuidado a su pequeña hija en la que sembraban tantas esperanzas.

En cuanto a las jóvenes madres, queda el recuerdo de sus fotografías abrazando cariñosamente a sus hijos, quienes no las tendrán para que los lleven a la escuela de la mano, a un espectáculo infantil, o les limpien la boca al enseñarles a comer.

Las víctimas de delito en Zacatecas son menos que en el resto del país, pero casos tan trágicos como los mencionados son los que conmocionan a la sociedad zacatecana.

Cada vez la población del estado cree menos en las autoridades para denunciar y tiene menos esperanzas en que la seguridad mejore, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2017.

La sociedad zacatecana tiene poca esperanza de que la situación de seguridad mejore, con un 13.3%, mientras de que empeore un 41.1%, lo que lo pone dentro de los seis primeros lugares en estos indicadores poco optimistas.

Aunque no sean más los adolescentes que cometen delitos ni a menor edad como se cree, el ir armados y participar en hechos como secuestro u homicidios genera mayor preocupación.

Uno de los datos alarmantes es que la tasa de homicidios entre menores de edad se ha disparado en los últimos años en la entidad, con un incremento mayor al de otros grupos de edad.

2 de cada 3 sentenciados tienen medidas de sanción que no implican internamiento, por lo que al vérseles luego en la calle cuando se les ha comprobado el delito se puede pensar que hay impunidad y la mejor medida es que estén presos.

Internarlos puede no ser la solución

Sofía Cobo Téllez, investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), observa que la privación de la libertad de los menores en México y el mundo no ha demostrado ser una medida muy eficaz para la reinserción social y disminuir el problema.

Advierte la autora de libros especializados en justicia para adolescentes que es necesario repensar las sanciones y los modelos de reinserción social para que, sin dejar de reconocer la responsabilidad, se considere su desarrollo psicológico y se puedan reencaminar.

Como ejemplo está la justicia terapéutica, que se aplica cuando hay relación entre el adolescente que comete un delito y el consumo de drogas, para que entre a un tratamiento de desintoxicación como un sustitutivo penal.

Este modelo, indicó, se ha puesto en práctica en otros países con buenos resultados y ha comenzado a aplicarse en Nuevo León, Chihuahua y Morelos.

Una medida como ésta busca superar el modelo anterior del Sistema de Justicia para Adolescentes que estigmatizaba a los menores para que, desde un enfoque positivo, se reintegren a la sociedad y puedan tener un mejor futuro, apuntó.

Por su condición de personas en desarrollo, los adolescentes pueden ser más fácilmente manipulados por el crimen organizado, agregó, y es por ello que deben protegerse y dejar de vulnerarles derechos.

Un porcentaje muy elevado de víctimas de la delincuencia organizada, como las halladas en fosas, son niños y adolescentes, expresó Sofía Cobo, lo que los convierte no sólo en sujetos de riesgo de cometer delitos, sino de ser victimizados.

“Lo único que nos hace falta es asumir nuestra parte de la responsabilidad. Pensamos que sólo le toca a sus padres, al Estado; es una responsabilidad compartida de la sociedad”, dijo.

En esta tarea, subrayó, es importante que se generen políticas públicas que involucren no solo a la institución de seguridad pública, sino también a las del sector salud, educativo, deportivo, desarrollo social, cultural, entre otras.

Necesario crear responsabilidad social
En Zacatecas, bajo este enfoque el gobierno estatal creó hace un año la Subsecretaría de Prevención Social del Delito, cuyo responsable, Armando García Neri, señaló que por primera vez en la entidad se busca diseñar un presupuesto que involucre a todas las dependencias en la prevención, lo que solo 2 estados hacen en el país.

Para tener un diagnóstico de la situación, se han hecho estudios por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas) y la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

Se centra la prevención en el grupo de edad entre los 12 y 29 años, en el cual la apología del delito se ha encontrado como uno de los factores de riesgo, además de los señalados como deserción escolar, embarazos tempranos y drogadicción.

A través de canciones, series televisivas y diverso contenido que pueden ver los adolescentes en internet sin que lo sepan sus padres, toman referentes negativos, advirtió García Neri.

Otro elemento importante que se ha detectado en polígonos donde se implementan estrategias piloto, como El Orito y la colonia Lázaro Cárdenas, es el alto consumo de bebidas alcohólicas en la calle.

Aunque se prohíbe la venta de bebidas embriagantes a menores esto ocurre, por lo que señaló que se han tomado acciones en coordinación con el municipio y mediante cambios legislativos para un mejor control, pues con esta medida se tiene un impacto visible en la prevención.

Ahí es donde se refleja la responsabilidad social, pues los vendedores, más allá de que puedan ser detectados y sancionados, deben ser conscientes de que contribuyen a un problema, y también la población puede denunciar.

Destacó el funcionario que otro factor de riesgo identificado en las colonias intervenidas es la exclusión social de los jóvenes, que se pueden ir atendiendo con acciones precisas como formar academias de fútbol, que tienen una alta participación de mujeres.

El que los jóvenes se encuentren motivados a participar en acciones como ésta es una muestra de que, si se les van brindando opciones, pueden encaminarse a un desarrollo positivo.

“Hay que construir comunidad para atraer a los chavos que están en las esquinas y tienen algún talento”, dijo Armando Neri, quien observó que esto se logra si se les escucha de viva voz para las acciones que se deben emprender, en lugar de estigmatizarlos.

En esta tarea, agregó, las instituciones religiosas, educativas, gubernamentales y todos pueden aportar para cuidar a las nuevas generaciones.

Las medidas para cuidar a niños y adolescentes deben atender la situación que enfrentan a partir de comprenderla con indicadores como los que se han expuesto. Al final, la fórmula como sentenció Pitágoras hace más de 2.000 años es la misma: “Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres”.

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