Egresaron 24 funcionarios de gobierno del estado y de otras instituciones públicas de la Maestría en Juicios Orales, impartida por la Universidad Autónoma de Durango (UAD) campus Zacatecas.
Luego de dos años de ampliar sus conocimientos en el nuevo Sistema de Justicia Penal, el procurador general de Justicia del Estado (PGJE), Arturo Nahle García; el subprocurador de Investigaciones, Osvaldo Cerrillo Garza y el coordinador general jurídico del estado, Uriel Márquez Cristerna, recibieron su título.
También acudieron magistrados, defensores públicos, agentes del Ministerio Público, jueces de ejecuciones, así como titulares del Juzgado de Garantía y Tribunal de Juicios Orales.
En presencia del secretario de Administración, Le Roy Barragán Ocampo; el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juan Antonio Castañeda Ruiz; el secretario de Educación, Marco Vinicio Flores Chávez y el alcalde de Zacatecas, Carlos Peña Badillo, se entregaron los títulos a los graduados.
Fue Arturo Nahle el encargado de ofrecer un discurso en nombre de sus compañeros.
Moderno sistema de justicia penal
Durante su mensaje, el funcionario explicó que el antiguo sistema de procuración e impartición de justicia penal fue concebido en una época distinta a la que se vive hoy, pues la globalización y las nuevas tecnologías han modificado las necesidades e intereses de distintos grupos que conforman la sociedad.
Indicó que “se requería una revisión profunda a nuestras instituciones y a la legislación del país, a fin de hacer frente a las formas que la delincuencia ha adoptado, ya que el sistema tradicional tenía problemas de operativos y de diseño, y ya no cumplía con sus funciones”.
Agregó que debido a la crisis de seguridad pública que se vive en el país, en particular aquella generada por la delincuencia organizada, se tenían que modificar la impartición de justicia.
Ante estas necesidades, mencionó que el 18 de junio del 2008 se publicó el decreto que reformó, adicionó y derogó varias disposiciones de la Carta Magna en materia de justicia penal y de seguridad pública.
Uno de los objetivos fue que los juicios se hicieran más ágiles y sencillos.
La reforma previó además la inclusión de los jueces de control, quienes resolverán las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que así lo requieran, respetando la garantía de las partes y que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho.
Se propuso un régimen especial que rige los procesos penales tratándose de delincuencia organizada y se elevó a rango consitutiocnal el arraigo, previéndose en forma expresa las modalidades para su aplicación y se regularon los casos de urgencia y de flagrancia.
«Esta reforma constituyó una revolución en la forma de procurar y administrar justicia, ya que durante un siglo la justicia en México se procuró de una sola forma, y a partir del 2008 cambió, máxime con la publicación del nuevo Código Nacional de Procesos Penales», resaltó.
«Todos tenemos de aquí hasta el 2016 para actualizarnos y, por eso venimos durante 2 años a la UAD un grupo de defensores, ministerios públicos, jueces, magistrados y de pilón el procurador», agregó.
Mencionó que después de su curso, serán ellos los encargados de capacitar a sus colaboradores sobre el tema.
El procurador concluyó que la justicia en el país cumplirá con los principios que establece la Constitución Mexicana de 1824, es decir, que se consiga que la justicia en México pueda llegar a ser pronta, expedita y gratuita.
Tras la entrega de los títulos, la directora de la UAD, Mónica Ley García Flores, agradeció a los egresados su esmero y dedicación para cursar la maestría en Juicios Orales, y reconoció la confianza del gobierno del estado por creer en la institución.
FOTOS: OSVALDO MARTÍNEZ
