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    Inhabilitan a 8 exfuncionarios de Tello por corrupción

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    Sanciones que van de los 16 a los 34 años de inhabilitación para desempeñar cargos públicos recibieron funcionarios del pasado gobierno estatal por diversas anomalías relacionadas con diversos temas, como la construcción de la Presa Milpillas o la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, con gastos millonarios sin comprobar.

    Humbelina López Loera, titular de la Secretaria de la Función Pública (SFP) estatal, informó que en la actual administración se ha trabajado en tareas de investigación de irregularidades, que lleven a sanciones y emitir sentencias justas, a efecto de revertir la impunidad que se arrastra desde los gobiernos del pasado, los cuales “crearon su propio manto protector”.

    Sin mencionar los nombres y cargos de los presuntos responsables, por no afectar el debido proceso, indicó que fueron sancionados 3 exfuncionarios públicos de primer nivel y los demás de segundo y tercero, pertenecientes a la administración del exgobernador Alejandro Tello Cristerna.

    Desglosó que al sancionado 1 corresponden 34 años de inhabilitación; sancionada 2, 30 años con 4 meses y 14 días; sancionada 3, 27 años con 2 meses y 13 días; sancionada 4, 24 años y 12 días; sancionada 5, 20 años con 11 meses y 20 días; sancionada 6, 17 años con 6 meses; sancionado 7, 16 años y 10 días.

    También se han detectado “aviadores”, viajes desmedidos y expedientes que fueron archivados por funcionarios públicos durante el sexenio del exgobernador Miguel Alonso Reyes.

    Según lo indicado por las instancias fiscalizadoras del recurso, “despilfarraron, saquearon y robaron sin contemplación y miramiento alguno al erario público, que es propiedad de la sociedad zacatecana”, dijo Humbelina López.

    Indicó que esas funcionarias y funcionarios de la administración de Alejandro Tello provocaron que prescribieran los expedientes que se investigaban por el robo del erario en el gobierno de Miguel Alonso, lo que impidió que se sancionara a las y los presuntos responsables, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas.

    Un daño al erario por 593 millones 72 mil 056 pesos representan estos actos de corrupción; es por ello que, desde la SFP se actuó para que las acciones dolosas no quedaran impunes, lo que derivó en las resoluciones de inhabilitación.

    Explicó que quienes tuvieron la responsabilidad de investigar y sancionar los actos de corrupción, propiciaron que imperara la impunidad al archivar 25 expedientes enviados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), 4 por la Secretaría de la Función Pública Federal y 5 por quejas y denuncias emitidas por la Auditoría Superior del Estado (ASE).

    Entre otras irregularidades, se señalaban pagos excesivos en contratos e incumplimiento en las aportaciones estatales y municipales convenidas en el incumplimiento de las disposiciones en materia fiscal.

    Asimismo, se hallaron irregularidades en cuanto a la guarda y custodia de documentos, falta de diversos recibos de pagos y documentación comprobatoria de ingresos, pago de nómina a personas en el sector salud que no acreditaron contar con una plaza de trabajo, incumplimiento a las disposiciones para convenios y otorgamiento de subsidios

    Subrayó que se construyeron obras improductivas que en nada beneficiaron a la sociedad zacatecana; ejemplo de ello son las millonarias glorietas en la entrada de los municipios o el Centro Cultural de la Toma de Zacatecas, un “elefante blanco” que costó 380 millones de pesos a la sociedad zacatecana.

    La Secretaria de la Función Pública recordó que la deuda pública al inicio del sexenio de Miguel Alonso era de 650 millones de pesos y, al finalizar el mandato, era de 7 mil 674 millones de pesos.

    En esta nueva gobernanza no se permitirán la corrupción ni impunidad, como lo asumió el gobernador David Monreal Ávila al inicio de la actual administración, de combatir estos flagelos de maneras permanente, frontal y sin tregua, como eje transversal de transformación, advirtió Humbelina López.

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