Ante un supuesto ataque a un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública, el titular de esta dependencia, Arturo Medina Mayoral, detalló que solo en una ocasión intentaron derribarlo y, al defenderse desde la aeronave, murieron los agresores.
«Tuvimos 14 abatidos legalmente», precisó el funcionario, quien señaló que era un helicóptero más pequeño que el que se ha integrado a las labores operativas, que es Black Hawk artillado, equipado con ametralladoras calibre 7.62 milímetros, capaces de hacer ráfagas de disparos.
La unidad aérea dispone además de armamento especializado calibre 50 milímetros, destinado a la neutralización táctica de vehículos blindados desde las alturas, garantizando un soporte operativo de alta potencia para las unidades desplegadas sobre la superficie terrestre.
Las aeronaves oficiales son coordinadas por capitanes retirados de la Fuerza Aérea Mexicana, egresados de planteles militares de alto nivel profesional y con una trayectoria mínima de 15 años de experiencia acumulada en el pilotaje de helicópteros.
El funcionario estatal subrayó que las tripulaciones operan bajo esquemas de vuelo estrictamente planificados, manteniendo comunicación en tiempo real con elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata, del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.
Los mandos aéreos cumplen la función de observadores avanzados para guiar a las tropas terrestres entre brechas, zonas arboladas o terrenos irregulares, descartando nuevas agresiones debido a las altitudes e itinerarios tácticos ejecutados en cada despliegue.
Un expediente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue abierto luego de que, en 2020, 14 civiles perdieron la vida a manos de policías estatales y militares, en la comunidad Nueva Alianza, perteneciente al municipio de Calera.
Los hechos se originaron en la calle Francisco Madero, cuando una patrulla de la Policía Estatal fue atacada a balazos por hombres armados, extendiendo la persecución hacia la zona despoblada.
El dictamen en materia de peritajes forenses determinó que las fuerzas de seguridad no aplicaron los principios de necesidad ni proporcionalidad, al realizar disparos a corta distancia contra los sospechosos.
En 2025, el documento oficial 195VG/2025 ordenó dar seguimiento a la investigación penal iniciada por la Fiscalía General de la República, para sancionar la actuación de las corporaciones.
