Familiares de 2 expolicías estatales presuntamente implicados en el homicidio de Sergio Abraham Acuña Romero, se manifestaron este lunes frente a las instalaciones de la Secretaría General de Gobierno.
Fue el 3 de diciembre de 2013, en la comunidad de San Ramón, Guadalupe, cuando policías estatales pidieron detenerse al conductor de un automóvil en el que viajaba el hoy occiso acompañado de una mujer.
Al no acatar la orden, Francisco Javier Orozco, excomandante de la policía estatal, abrió fuego contra el vehículo.
Ángel Ricardo de Luna Escobedo, quien se encuentra preso, y Juan Alejandro Esquivel Hernández, que está prófugo, también fueron acusados de estar implicados en el homicidio.
Javier Orozco ya ha confesado ser quien disparó el arma que le quitara la vida a Acuña Romero y hay una sentencia definitiva condenatoria en su contra por exceso en el ejercicio del deber, por lo que lo que los familiares de los otros expolicías piden que se les libere y se les declare inocentes.
Alicia Peñalver Palmas, abogada de la defensa, expuso que durante el proceso se cometieron reiteradas violaciones a los derechos humanos ya que no se puede acusar a sus representados de coautoría con Javier Orozco, ya que de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para esto debieron acordar previamente el ataque, lo cual – dijo- no sucedió.
Asimismo, señaló que la inocencia de sus clientes está acreditada, ya que se ha determinado que es imposible que los disparos provinieran del vehículo en el que viajaban.
Cerrillo Garza les propuso buscar un procedimiento abreviado, sin embargo los familiares señalaron que en anteriores ocasiones se les había planteado esta opción para que los ex policías se declararan culpables.
Peñalver Palmas afirmó que bajo ninguna circunstancia aceptarán esa opción y solicitó el sobreseimiento del caso, es decir, que cuanto antes se les declare inocentes. «No pueden declararse culpables de un delito que no cometieron«, enfatizó.
Afirmó que llevarán el caso hasta las últimas consecuencias, ya que sus argumentos están basados en la legislación internacional en materia de derechos humanos, por lo que de ser necesario acudirán a cortes internacionales.
Los familiares señalaron que la investigación en el expediente 712-2013 presenta múltiples inconsistencias y que el caso solo depende de que las autoridades «tengan voluntad».
Luego de una hora manifestándose, los quejosos fueron atendidos por Miguel Rivera Villa, subsecretario de Desarrollo Político, quien luego de escuchar su petición para que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJEZ) solicite que se retiren los cargos se comprometió a conseguir una audiencia con Leticia Catalina Soto Acosta, procuradora de justicia.
Aproximadamente 5 minutos después Rivera Villa les informó que Soto Acosta les recibiría este lunes en su oficina, por lo que se trasladaron a las instalaciones de la PGJEZ.
Sin embargo, pese a haberse comprometido a recibirles, la procuradora no se presentó y en su lugar les atendió Osvaldo Cerrillo Garza, subprocurador de Investigaciones, a quienes los familiares acusaron de no haberles escuchado en anteriores ocasiones.
