Con una orden judicial acudieron actuarios y elementos de la Policía Metropolitana (Metropol) a la mina Águila de Oro para desalojar y destruir con maquinaria pesada las instalaciones.
Apoyados con grúas, la diligencia se llevó a cabo en la propiedad ubicada a un costado de Ciudad Argentum, desde poco antes de las 10:30 de la mañana.
El posesionario de la mina Jesús Coronado no pudo hacer más y se quedó en el lugar para ver cómo procedían las autoridades; se supo de voz de los vecinos, quienes observaban de lejos, que los perros que cuidaban fueron asesinados a golpes, incluso a sus crías que tenían pocas semanas de nacidos.
Debido a que no tenía a donde llevarse varias de su maquinaria, equipo y algunos vehículos, éstos los dejaron sobre el camino que conduce a la mina, pero afuera de sus instalaciones.
El inmueble fue custodiado por la Policía Metropolitana, quien no se retiró hasta que sacaron todo lo que se encontraba en el inmueble; el pasado 18 de julio, habitantes de la colonia Luis Donaldo Colosio e integrantes del Barzón evitaron el desalojo. Este lunes, a 3 meses de lo ocurrido, no pudieron hacer nada porque las autoridades estaban amparadas por el documento oficial.
Incluso a la líder de la colonia, Rosa Torres Rodríguez no se pudo ni acercar a la propiedad porque la empresa solicitó ante el juez una orden judicial de protección y alejamiento.
Torres Rodríguez había encabezado algunas manifestaciones con habitantes de la zona para evitar el cierre y desalojo de la mina, la cual tenía 27 años operando y daba empleo a 20 trabajadores.
Antecedentes del litigio
Inició hace un año cuando, de acuerdo a la versión de los habitantes, El Ejido de La Pimienta dueño del terreno de la mina, lo vendió a Empresazac, compañía que tiene a su cargo obras de construcción en Ciudad Argentum; no obstante, desde hace 27 años Jesús Coronado alquilaba la mina, quien durante todo este tiempo trabajó dicha veta.
Desde el 1 de junio la Empresazac solicitó al posesionario de la mina que abandonara el predio a la brevedad, ya que no se le reconoció la totalidad del convenio de arrendamiento, es decir solamente pudieron validar algunos años, motivo por el cual exigieron ahora el desalojo.
FOTOS: OSVALDO MARTÍNEZ
