Saqueó el edificio para impedir embargo precautorio a favor de los derechos de trabajadores
A 10 días de que los extrabajadores de La Jornada Zacatecas decidieron acudir a las instancias estatales del Trabajo para demandar que la empresa franquiciataria Ciudadanía Democrática S. A. de C.V. para que acatara la cobertura de las prestaciones de ley, la respuesta a la demanda fue la intimidación de los agraviados y la evasión de sus responsabilidades.
La representante legal y accionista de la empresa, Azucena Reyes Miranda, exfuncionaria del gobierno de Amalia García Medina, reviró contra la demanda laboral el recurso de la rescisión de contrato de los trabajadores afectados con la evidente intención de burlar las leyes y la justa indemnización de quienes por más de cinco años prestaron sus servicios a La Jornada Zacatecas.
El pasado 5 de mayo, a través de la Defensoría Pública de gobierno del estado, quedó formalmente presentada en la Junta de Conciliación y Arbitraje la demanda laboral, suscrita por 20 empleados del impreso cuyo dominio recientemente cambió.
El recurso jurídico se desencadenó una vez que le fue retirada a Ciudadanía Democrática la franquicia de La Jornada nacional debido al desacato sistemático de la línea editorial exigida por Demos, hecho ocurrido el 30 de abril del año en curso.
En esta fecha se obligó al personal a elaborar la última edición local del matutino, pese a la suspensión de la edición de información nacional.
El mismo día, la empresa cambió la forma de pago de la nómina, del depósito bancario a efectivo, en sus instalaciones y sin comprobante alguno para el trabajador.
Ciudadanía Democrática instruyó un receso laboral de dos días, 1 y 2 de mayo siguientes, en los cuales aprovechó, en ausencia del personal, para sustraer los equipos de cómputo y documentación contable de las oficinas, con lo cual comenzó el desmantelamiento de las instalaciones.
De forma unilateral impuso al personal, a partir del 3 de mayo, un horario de trabajo de 9 a 17 horas, con un receso de 30 minutos para comer, con la condición de que se tomaran los alimentos dentro de las instalaciones, a lo cual hubo inconformidad de los empleados y orilló a algunos trabajadores a la renuncia por trastocar los horarios anteriores.
El miércoles 4 de mayo, inspectores de la Dirección de Trabajo y Previsión Social, a petición de los trabajadores, acudieron a las oficinas para levantar un acta circunstanciada.
En el acta quedó asentado el cambio unilateral de las condiciones de trabajo y la evidencia del desmantelamiento de las oficinas, pese a la letra de la ley.
En representación de la empresa, Santa Paz Domínguez Domínguez declaró como atribución de la parte patronal el cambio de horarios, así como el reconocimiento del retiro de las herramientas para laborar.
Quedó constancia también de que el personal no estaba desempeñando función alguna ante la pérdida de la franquicia para la elaboración del periódico y la nula alternativa de la parte empresarial que sólo inventó un proyecto ficticio, sin corresponderse con actividades laborales para los empleados.
Ante la imposición e incongruencias de las representantes de la empresa, se optó por usar los recursos jurídico-laborales para salvaguardar los derechos de los trabajadores.
No obstante, que el camino legal invocado por la Defensoría Pública y la Junta de Conciliación y Arbitraje apuntaba a la ejecución de un embargo precautorio, Ciudadanía Democrática, en pocos días, saqueó completamente el edificio.
Los afectados
Ángel Amador Sánchez
Teresa Morales Duke
Alonso Chávez Landeros
Bet-birai Nieto Morales
Araceli Rodarte Solórzano
Elizabeth Amador Márquez
Alma Alejandra Tapia Hurtado
Martín Catalán Lerma
Jorge Vázquez Valdez
Carlos Iván García Sánchez
Javier Alberto Valadez Becerra
Guillermo de la Rosa Alonso
Miguel Ángel Núñez López
Enrique Israel Martínez Becerra
José Manuel Gutiérrez López
Oscar Arturo Báez Miguel
María Refugio Grey Martínez
FOTOS: CORTESÍA
