La propuesta legislativa de la candidata a diputada local por el Distrito 02 del Partido Revolucionario Institucional (PRI) marca en su segundo eje estratégico la «Rendición de cuentas, trasparencia y sanción a la corrupción».
Su objetivo es articular y reformar la legislación vigente en el estado de Zacatecas para dar a la población más certeza en el ejercicio correcto y debido del recurso público.
Claudia Anaya Mota reconoció que la corrupción y la falta de rendición de cuentas es, sin duda, uno de los mayores males que aquejan a este país y que más desencanto causan en la población.
Estos problemas afectan la credibilidad en la eficiencia del servicio público, a pesar de que en muchos de los casos la corrupción existe gracias a la intermediación de un particular, indicó.
La candidata subrayó que es obligación de los gobiernos endurecer las sanciones en materia legislativa para erradicar la corrupción, así como dictar los lineamientos básicos para prevenir la misma.
Refirió algunas de las leyes que se desprenden de este eje estratégico para confirmar una agenda legislativa y ciudadana:
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas
- Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas
- Ley de Procedimiento Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas
- Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Zacatecas
Claudia Anaya destacó que un estado moderno y con visión global es aquél que da muestras de transparencia en el uso de los recursos y manejo de los programas públicos.
“La información pública es un derecho ciudadano que debemos consolidar con una mayor obligatoriedad de los distintos órdenes de gobierno para que entreguen al ciudadano la información que a éste de certezas del apropiado uso del disponible”, sostuvo.
Reconoció que los servidores públicos deben entender y promover que la rendición de cuentas debe ser parte fundamental de su función como representantes de la ciudadanía, y que de ninguna manera este derecho del ciudadano debe disolverse por la falta de promoción de esta obligación de quien está ejerciendo un cargo público.
Admitió que el reclamo más fuerte es la falta de sanciones a políticos que en muchas ocasiones se han visto en escándalos mediáticos de desvío de recursos públicos.
Desafortunadamente, más allá de la prensa la ciudadanía no encuentra una sanción penal o administrativa para esos políticos que han defraudado su confianza, indicó Anaya Mota.
“Las reformas que proponemos, construidas de las manos de la gente, deben garantizar un avance significativo en materia de rendición de cuentas, transparencia y sanción a la corrupción”, destacó.
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