México es un “estado de excepción” para los centroamericanos que cruzan el territorio nacional, pues nadie les garantiza su protección, señaló el director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Juan Carlos Gutiérrez Contreras.
Manifestó que hay una doble moral y una esquizofrenia en este tema, ya que se exige a los Estados Unidos respeto a los inmigrantes mexicanos, pero muy poco se hace para garantizar la integridad de las personas que cruzan de manera ilegal por el país.
“El gobierno de Calderón, que ya se va, nunca hizo absolutamente nada en materia de derechos humanos de los migrantes”, lamentó Gutiérrez Contreras respecto al mandato del presidente de México Felipe Calderón Hinojosa.
Para el abogado, el tema de la migración es sumamente complicado, ya que a la desatención del Estado Mexicano se agrega la complicidad de las autoridades con las bandas del crimen organizado.
“Las cifras son escandalosas, se habla de 12 mil migrantes secuestrados por bandas de la delincuencia organizada y uno de los casos más terribles sucedió en Tamaulipas en el 2010, donde se encontraron 72 migrantes muertos de fosa”, mencionó.
Triple vulnerabilidad de los centroamericanos
El director refirió que apenas la semana pasada el Albergue Migrante San Juan Diego de Lechería, en Tultitlán, Estado de México, fue copado por los “zetas” a pesar de que previamente se había dado aviso de ese riesgo a la Policía Estatal.
Agregó que incluso las mujeres migrantes vienen preparadas con preservativos para el caso de una violación sexual, pero también se exponen a la trata de personas, que es lo más grave.
Expuso que el migrante centroamericano tiene una triple vulnerabilidad al presentar una denuncia, ya que antes de que proceda su demanda el ministerio público lo va a investigar a él y puede venir la deportación.
Luego, al hacer una denuncia, se han dado casos de migrantes asesinados por bandas delincuenciales que están en complicidad con los funcionarios públicos.
Por otro lado, la intención del migrante es cruzar hacia Estados Unidos, por lo que litigar un caso en México no solo resulta difícil sino que al llegar allá ya no le interesa cumplir con el proceso y la denuncia, mencionó el defensor de los Derechos Humanos.
FOTO: IRMA MENCHACA
