Esto ante las serias acusaciones por parte de la diputada de Movimiento Ciudadano, María de la Luz Domínguez Campos, quien afirmó que el gobierno estatal e incluso la Contraloría Interna están detrás de que no exista consenso en la aprobación de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.
Ante ello, el gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, aseguró que no hay intromisión de su parte al respecto, luego de que diputados priístas que integran la fracción Primero Zacatecas no han permitido en 2 ocasiones que la ley sea votada, además de que en la última sesión del Congreso local un funcionario de la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado se encontraba en el lugar.
Alonso Reyes señaló que aunque desconocía el caso, no hay una prohibición legal o expresa para que algún funcionario pueda platicar con los legisladores, y agregó “ellos pueden tener una comunicación si así lo consideran, eso se da en todas las Cámaras y Congresos de México y del mundo, lo importante es que la deliberación del voto es en autonomía”.
Respecto al cuestionamiento si dicha acción por parte del funcionario estatal se podría malinterpretar como una injerencia de su parte, respondió “si hubiera elementos, si hubiera una claridad de ser un gobierno que le gusta entrometerse, ya sería un asunto de conocimiento público, sería un sello distintivo de este gobierno”, recalcó.
El mandatario ratificó que en su administración no hay intromisión hacia ninguno de los Poderes. “No lo es, ni lo va hacer porque es mi convicción personal y porque considero que cada Poder o cada organización tiene su autonomía para decidir”.
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Zacatecas sí requiere una Ley de Responsabilidades
El gobernador afirmó que el estado requiere una legislación que no deje vulnerable la posibilidad de que en su momento se finquen responsabilidades a servidores públicos.
“Saben lo sucedido hacer 10 años, de la no rúbrica de la ley por uno de los funcionarios de aquel tiempo que dejó por más de 10 años una ley vulnerable y no perfeccionada”, lo anterior, en referencia de que como consecuencia de ello no se ha podido actuar contra exfuncionarios del gobierno anterior.
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