Por: Nallely de León Montellano, foto y reportaje.
Entre cobijas extendidas sobre el piso, termos de café y mesas improvisadas llenas de pan, agua y comida caliente, productores de frijol mantienen desde hace días un plantón permanente dentro del Congreso del Estado de Zacatecas.
Algunos descansan por momentos sobre cartones; otros organizan guardias, atienden entrevistas o revisan teléfonos esperando noticias sobre posibles mesas de diálogo.
El cansancio físico es evidente, pero hay algo que les ha permitido mantenerse en pie: la solidaridad ciudadana.
Desde que las protestas del campo se intensificaron, personas ajenas al movimiento comenzaron a acudir al recinto legislativo para llevar alimentos, cobijas, agua y acompañamiento a quienes decidieron trasladar su lucha desde las parcelas hasta las calles.
“Eso es lo que nos mantiene”, comentan algunos productores mientras preparan café para quienes pasan la noche en el plantón.
Lo que inició como una exigencia relacionada con el precio del frijol, terminó convirtiéndose en una de las crisis sociales y políticas más tensas de los últimos años en Zacatecas.
Durante semanas, productores denunciaron incumplimientos en acuerdos alcanzados con autoridades estatales y federales respecto al acopio del grano, pagos pendientes y el precio de garantía prometido para sus cosechas.
Los campesinos reclaman que mientras producir cuesta cada vez más, el pago ofrecido por el frijol resulta insuficiente para sostener a sus familias.
Entre sus principales demandas se encuentra el cumplimiento del precio de garantía de 27 pesos por kilogramo, frente a los 16 pesos que actualmente ofrece el programa federal Alimentación para el Bienestar. También exigen la apertura de centros de acopio, pagos pendientes y soluciones para cientos de toneladas de frijol que quedaron fuera de los programas oficiales.
Para muchos productores, la crisis dejó de ser únicamente económica.
“Trabajamos todo el año para terminar debiendo”, repiten constantemente durante las protestas.
El conflicto escaló luego de que los productores retomaran las movilizaciones, tras acusar que las autoridades rompieron primero los acuerdos establecidos meses atrás.
Las protestas comenzaron a intensificarse con bloqueos y manifestaciones en distintos puntos de la zona metropolitana, hasta alcanzar uno de sus momentos más tensos el pasado 9 de mayo.
Ese día, campesinos se manifestaron en las inmediaciones del Multiforo, donde el Gobierno del Estado realizó un concierto por el Día de las Madres.
Los productores buscaban visibilizar la crisis del campo y presionar para obtener una mesa de diálogo directa con autoridades de primer nivel; sin embargo, la protesta terminó en un operativo policiaco que dejó personas detenidas y manifestantes lesionados.
De acuerdo con testimonios de los propios productores, los elementos antimotines utilizaron escudos, además de arremeter con empujones y golpes para retirar maquinaria agrícola colocada cerca del recinto.
El operativo derivó en al menos 12 detenciones, entre ellas de estudiantes, productores, simpatizantes del movimiento e incluso una mujer de 74 años.
La presencia de mujeres dentro del movimiento también se volvió cada vez más visible durante las jornadas de protesta. Campesinas, madres de familia, estudiantes y adultas mayores han participado tanto en las movilizaciones como en las labores de organización dentro del plantón.
Algunas han preparado alimentos, coordinando donaciones o permaneciendo en guardias nocturnas. Durante la jornada de represión alzaron la voz con consignas, denunciaron agresiones y acompañaron a personas detenidas tras el operativo.
La detención de una adulta mayor generó especial indignación entre colectivos y organizaciones sociales, que cuestionaron el uso de la fuerza contra mujeres que participaban en una protesta relacionada con el derecho para exigir un pago justo por el trabajo y la subsistencia de sus familias.
Las personas arrestadas fueron acusadas bajo el supuesto delito de “resistencia a la autoridad”, situación que generó indignación entre colectivos, organizaciones sociales y ciudadanos que comenzaron a denunciar públicamente una criminalización de la protesta social.
Durante la jornada, docentes universitarios exigieron información sobre estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) detenidos, mientras familiares y simpatizantes permanecían afuera de las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado esperando noticias.
Lejos de debilitar el movimiento, el operativo provocó un efecto contrario.
Videos, fotografías y testimonios difundidos en redes sociales comenzaron a generar respaldo ciudadano hacia los productores.
Horas después de las detenciones, simpatizantes del movimiento bloquearon por intervalos el bulevar metropolitano para exigir la liberación de las personas arrestadas y hacer presión.
La tensión social continuó creciendo.
Dos días después, miles de personas tomaron el bulevar metropolitano y las principales calles de la capital zacatecana durante una de las manifestaciones más numerosas registradas en los últimos años.
Encabezados por tractores, maquinaria agrícola y una trilladora de frijol, campesinos avanzaron acompañados por estudiantes, docentes, personal de salud, sindicatos, colectivas feministas, otras organizaciones y ciudadanía en general.
Las consignas se repetían a lo largo del recorrido, tales como:
“¡No es un delito ser campesino!”
“¡Que llueva, que truene, ya nada nos detiene!”
“¡El pueblo observando también está luchando!”
Desde puentes peatonales, negocios y banquetas, ciudadanos levantaban el puño, grababan videos o aplaudían el paso del contingente.
“Es el sector que nos da de comer”, decían algunas personas mientras observaban la movilización.
Durante la marcha también era visible el saldo físico del operativo ocurrido días antes, pues una estudiante universitaria iba con collarín y un brazo aún lastimado, mientras un campesino en silla de ruedas.
Otros campesinos y estudiantes aún tenían las marcas de rasguños, esguinces, fracturas y moretones, iban caminando entre la multitud portando pancartas y globos blancos utilizados como símbolo de paz.
Entre el contingente también avanzaban mujeres cargando carteles con mensajes dirigidos al gobierno estatal y fotografías de familiares dedicados al campo, en algunas de ellas denunciaban que la crisis agrícola no solamente golpea la economía todo el entorno de los productores.
Y es que la situación genera una inestabilidad de hogares completos, donde las mujeres sostienen labores de cuidado, alimentación y administración familiar, mientras enfrentan la incertidumbre provocada por las deudas y la falta de ingresos.
“Cuando el campo cae, las familias también”, decía una de las pancartas levantadas durante la movilización. “No queremos violencia, queremos respuestas”, podía leerse en algunas cartulinas.
La movilización concluyó en Plaza de Armas, donde representantes del movimiento acusaron al gobierno estatal de responder con la fuerza pública a demandas justas por la crisis en el campo.
Ahí también fue leída una carta dirigida a la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, en la que organizaciones y colectivos denunciaron violaciones a derechos humanos, detenciones arbitrarias y presunta corrupción dentro del programa de acopio de frijol.
Entre las principales exigencias destacaba la destitución de funcionarios estatales relacionados con Seguridad Pública, procuración de justicia y operación de programas vinculados al campo.
Rubén Hernández, uno de los líderes del movimiento, aseguró frente a miles de asistentes que la convocatoria reflejaba el nivel de inconformidad social existente en Zacatecas: “Este es el pueblo que no aguanta más, este es el campo que no aguanta más”, expresó.
Mientras tanto, el Gobierno del Estado sostuvo que las corporaciones actuaron debido provocaciones por parte de algunos manifestantes y defendió el operativo desplegado en el Multiforo.
El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, aseguró que el único error cometido por las fuerzas de seguridad fue responder a insultos y provocaciones emitidas, en especial por uno de los asistentes.
Sin embargo, los manifestantes expresaron que las agresiones comenzaron antes de cualquier confrontación verbal y la respuesta de las autoridades escaló al uso de la violencia excesiva.
Dos días después del acto de represión las propias autoridades admitieron que se revisarían los protocolos de los cuerpos de seguridad ante manifestaciones, además que se esperan las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas, cuyos funcionarios estuvieron acompañando a los manifestantes en todo momento, para que se atiendan y se eviten situaciones similares.
Rodrigo Reyes también insistió en que el conflicto relacionado con el acopio corresponde principalmente al ámbito federal y señaló que existen intentos por politizar el movimiento.
Pese a ello, las protestas continúan.
Dentro del plantón instalado en el Congreso, la vida transcurre entre reuniones, guardias y muestras constantes de solidaridad.
Durante el Día de San Isidro Labrador, patrono de los agricultores y trabajadores del campo, un sacerdote acudió al recinto legislativo para realizar una oración colectiva y bendecir semillas llevadas simbólicamente por los productores.
Con sombreros en mano, varios campesinos pidieron no solamente por buenas cosechas, sino también por condiciones más justas para quienes viven de la tierra.
La escena contrastaba con el clima político que rodea al conflicto.
Ese mismo fin de semana, productores lamentaron que ningún legislador federal acudiera al Congreso pese a que previamente habían solicitado públicamente la presencia de diputados o senadores para establecer una mesa de diálogo.
“Pareciera que solamente buscan al campo en tiempos electorales”, reclamaron algunos manifestantes. Mientras tanto, ciudadanos continúan llegando al plantón con alimentos, agua, cobijas y apoyo.
Gran parte de esa red de solidaridad ha sido sostenida por mujeres que, de manera organizada, comenzaron a recolectar comida, preparar café, coordinar donaciones y acompañar emocionalmente a quienes permanecen en resistencia dentro del Congreso.
Madres de familia, estudiantes, trabajadoras y adultas mayores se integraron poco a poco a las actividades del plantón, convirtiendo el espacio no solamente en un punto de protesta, sino también en una muestra de organización comunitaria frente a la crisis.
La solidaridad se convirtió en una de las imágenes más constantes alrededor de la protesta.
Porque más allá del conflicto político, la movilización del campo zacatecano terminó revelando algo más profundo: el desgaste acumulado de un sector que durante años denunció abandono institucional y que ahora decidió hacer visible su inconformidad en las calles.
El conflicto sigue sin resolverse.
Los productores advierten que no levantarán el plantón hasta obtener respuestas concretas. Dicen que ya no tienen nada que perder.
Y mientras las mesas de diálogo siguen sin llegar, el campo permanece resistiendo entre lonas, café caliente y la solidaridad de una ciudadanía que poco a poco comenzó a mirar su protesta no solamente como una exigencia económica, sino como una demanda de dignidad.
El campo levantó su voz y junto a ella se unieron otras para formar un coro de protesta contra la injusticia, el histórico abandono y el respeto a las protestas contra un gobierno que debe escuchar antes de reprimir.
