A un año de la despenalización del aborto en Zacatecas, el acceso real a este derecho sigue marcado por deficiencias graves en los servicios de salud.
Activistas y usuarias denuncian la falta de medicamentos, escasez de personal especializado, prácticas médicas obsoletas y actitudes de revictimización que, lejos de garantizar un procedimiento seguro, convierten el proceso en una experiencia llena de obstáculos.
Este domingo, colectivos feministas se reunieron frente al Palacio Legislativo de Zacatecas para visibilizar que las mujeres aún enfrentan barreras que ponen en riesgo su salud y sus vidas.
Con mantas y consignas, reclamaron que sin insumos ni profesionales capacitados no puede hablarse de aborto seguro, por lo que demandaron un compromiso inmediato del Estado para resolver estas deficiencias.
Las manifestantes entregaron un pliego petitorio en el que exigen compromisos claros en materia de contratación de especialistas, habilitación de servicios en hospitales públicos y abastecimiento constante de fármacos.
También pidieron que se elimine el uso innecesario de legrados y que se sancione al personal que revictimiza o desalienta a las pacientes.
En el Hospital de la Mujer Zacatecana, en Guadalupe, la objeción de conciencia agrava el panorama: de 30 especialistas, 22 se niegan a practicar abortos.
Aunque la dirección asegura que siempre hay un médico disponible, reconocen que la demanda es baja y en lo que va de 2025 solo se han realizado 3 procedimientos por casos de violación, todos en adolescentes.
La institución subraya que la ley permite la interrupción voluntaria únicamente hasta las 12 semanas de gestación, lo que ha derivado en rechazos a solicitudes fuera de ese límite.
Datos oficiales indican que en diciembre de 2024, primer mes tras la reforma, 8 mujeres acudieron a la Unidad de Especialidades Médicas (Uneme) de Guadalupe para solicitar un aborto, mientras que antes de la despenalización se habían realizado 6 procedimientos en el Hospital de la Mujer, todos en casos de violación.
Sin embargo, las colectivas aseguran que muchas mujeres optan por salir del estado o recurrir a métodos inseguros ante la falta de condiciones.
En el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, el Movimiento Feminista de Zacatecas señaló que la federalización de los servicios de salud trasladó al IMSS Bienestar la responsabilidad de garantizar el acceso, pero sin recursos suficientes.
Advirtió que lo que debería ser un derecho garantizado se ha convertido en letra muerta para muchas zacatecanas.
Las organizaciones convocaron a una mesa pública de diálogo este lunes frente al Hospital de la Mujer Zacatecana, al que rebautizaron simbólicamente como “Hospital contra la Mujer Zacatecana”.
Con el lema “Que tus derechos se cumplan”, buscan visibilizar que la objeción de conciencia, la falta de capacitación y el estigma siguen impidiendo que el aborto seguro sea una realidad en el estado.
Mientras la Secretaría de Salud asegura que existen hospitales en distintos municipios con servicios de consejería, anticonceptivos y atención psicológica, activistas como la colectiva Psicoabortiva insisten en que en la práctica son las organizaciones feministas quienes acompañan y orientan a las mujeres en ausencia del Estado.
Las denunciantes subrayan que la lucha por el aborto en Zacatecas es también una lucha por la autonomía reproductiva y por construir una sociedad de cuidados.
Recordaron que, aunque la despenalización se logró en 2024 tras años de presión social y política, el reto ahora es cerrar la brecha entre la ley y la garantía real de servicios accesibles y libres de violencia institucional.
