Una vez que terminó el conteo de votos para elegir a los nuevos integrantes del Poder Judicial en el estado, resultaron ganadores algunos que no cumplen con el promedio escolar mínimo para el cargo, y otros que tienen parentesco con funcionarios y políticos, o están vinculados a Morena.
Uno de los casos más llamativos es el de Cristopher Emmanuel Valdez Rodríguez, quien fue electo como juez Penal, pues además de que no cumplía el requisito de promedio mínimo de 8 en la carrera, es hermano de la consejera del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) Sandra Valdez Rodríguez.
En una situación parecida está Francisco Enrique Pérez Compeán, quien no sacó tampoco la calificación mínima requerida en su licenciatura y es esposo de Maribel Villalpando Haro, actual diputada de Morena y exsecretaria de Educación.
Otro caso cuestionable es el de la jueza electa Silvia Priscila Esparza Rodarte, quien resultó ganadora como magistrada de la Sala Familiar del Tribunal Superior, y su candidatura fue aprobada por su madre Silvia Rodarte Nava, la cual era miembro del Comité Evaluador para autorizar a los candidatos.
Nombres relacionados directamente con Morena hay varios. El más destacable es el de Ricardo Hernández León, quien se desempeñó como representante de este partido ante el IEEZ, fue coordinador jurídico en la actual administración estatal y recientemente recibió el nombramiento provisional de magistrado por el gobernador David Monreal Ávila.
Hay otros casos similares como el de Amparo Jáuregui Durán, quien, al mismo tiempo que era candidata, ocupaba el cargo de directora del Instituto de la Defensoría en el gobierno estatal.
Aunque en estos 2 últimos casos su relación directa con un partido político o el gobierno no era estrictamente un impedimento, hay otros en los que, de acuerdo con la convocatoria, era evidente que no se cumplían los requisitos.
Tal es el caso de José Francisco Esparza Castro, pues, a pesar de no cumplir el promedio mínimo, fue candidato y resultó ganador para el cargo de juez de Ejecución de Sanciones.
El proceso para elegir a integrantes del nuevo Poder Judicial en México ha estado marcado por irregularidades que fueron señaladas desde antes de las elecciones.
A nivel federal, al menos 26 candidaturas fueron impugnadas por incumplir requisitos básicos, como el promedio mínimo, además de contar con antecedentes penales o investigaciones por delitos graves como abuso sexual y peculado.
Entre las anomalías también se registraron errores en la revisión de documentos, lo que permitió que aspirantes, sin cumplir requisitos, fueran incluidos en las listas oficiales, y a nivel estatal hubo casos similares sin que la autoridad electoral interviniera.
Aunque la Constitución exige buena reputación, promedio mínimo de 8 en Derecho y no contar con antecedentes penales, estos criterios fueron interpretados de forma ambigua y poco rigurosa.
Los Comités de Evaluación no lograron detectar irregularidades que luego fueron evidenciadas por denuncias ciudadanas y medios de comunicación, entre ellas la falsificación de datos o conflictos de interés.
Además, se identificó una coincidencia casi total entre las candidaturas promovidas en las guías de voto conocidas como «acordeones» y los ganadores de los principales cargos, tanto a nivel federal como estatal.
Estas guías, distribuidas por simpatizantes del partido oficialista, recomendaban votar por candidatos específicos, quienes posteriormente resultaron electos.
A pesar de las prohibiciones de las autoridades electorales sobre la distribución de propaganda que pudiera coaccionar el voto, se reportaron múltiples denuncias sobre la entrega masiva de estos «acordeones».
Este fenómeno se dio en un contexto de baja participación ciudadana, con una asistencia del 13% a nivel nacional y del 10.64% en Zacatecas, además de que varios de los votos fueron anulados.
La combinación de «acordeones» y escasa participación, además de otras irregularidades como la falta de certeza en el conteo de votos, hace cuestionar la legitimidad del proceso y la independencia del nuevo Poder Judicial.
Aunque existan denuncias, el exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, ha expresado su preocupación respecto a la dificultad para impugnar candidaturas, aunque no cumplan los requisitos, en el proceso de elección judicial.
Advirtió en diversas entrevistas que se requieren procedimientos estrictos que no están contemplados en la legislación, por lo que las vías legales para revertir su elección son limitadas y difíciles de ejecutar.
Por su parte, el IEEZ ha señalado que los Comités Evaluadores fueron los responsables de aprobar las candidaturas; sin embargo, la propia legislación permitía a los institutos electorales establecer reglas adicionales para no ser omisos ante situaciones como la falta de requisitos mínimos.
