Asignaturas como el campo, salud, seguridad y educación fueron calificadas como pendientes en la administración de la gobernadora Amalia García Medina durante su comparencia en la 59 Legislatura, que se convirtió en un escenario de duelos políticos.
A un mes de haber entregado el Quinto Informe de Gobierno a los diputados, éstos hicieron algunos planteamientos sobre su contenido.
Miguel Alonso Reyes llamó autoritario y fuera de la transparencia al ejercicio de García Medina, en el que de nada sirve tanta obra pública si no se refleja en empleos para los zacatecanos y sólo se beneficia a unos cuantos.
Dijo que la democracia ha estado muy distante del modo de gobernar, mencionó como prueba la pasada elección, una de las más costosas en la historia de Zacatecas, con una intervención desmedida de recursos económicos, humanos y materiales del gobierno.
A sus reclamos, la mandataria respondió que los avances de obra pública corresponden a que se ha llevado al pie de la letra el plan estatal de desarrollo.
Respecto al empleo, dijo que la crisis económica es la más grave en la historia porque es mundial, sin embargo mientras se pierden plazas laborales en buena parte del planeta, “en Zacatecas se han generado 19 mil, lo que coloca al Estado entre uno de los tres en los que más empleo se ha generado”.
Al ser cuestionada sobre la inseguridad en el Estado, Amalia García respondió que Zacatecas ocupa el lugar número 29 en dicha materia.
A lo que Miguel Alonso replicó que aún persiste la idea de presentar un panorama que no coincide con la realidad que vivimos los zacatecanos, “se habla de avances importantes, pero no de asignaturas pendientes”.
Los comentarios más fuertes los hizo el diputado del Partido del Trabajo Guillermo Huízar Carranza, quien propuso crear una Comisión de la Verdad para investigar el contrato de construcción de Ciudad Gobierno, que consideró es “el contrato más leonino que haya visto”.
El legislador también acusó a la Secretaría de Obras Públicas de repartir 140 mil toneladas de cemento durante el proceso electoral, y que por no entregar a tiempo el proyecto para el bulevar del Bicentenario se hayan perdido 230 millones de pesos.
Al darle respuesta, la mandataria dijo que en el sexenio pasado se invirtieron en obra pública mil 800 millones de pesos, mientras que en los 5 años de el actual gobierno se han invertido 18 mil 800 millones de pesos, es decir, 10 veces más.
Al referirse al contrato de Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) –el cual aseguró Guillermo Huízar que costó más de 2 mil millones de pesos-, Amalia García afirmó que este mecanismo es más transparente que construir obras con recursos públicos y luego concesionarias a particulares.
Puso como ejemplo que “una vía de comunicación a Fresnillo” esté concesionada a José Aguirre Campos, a quien se le vincula con el exgobernador Ricardo Monreal Ávila.
El reclamo por la supuesta intervención del Ejecutivo Estatal en las pasadas elecciones también lo hizo José María Nava, exdiputado perredista y ahora priísta, quien se refirió al grave problema de inseguridad –al igual que otros legisladores- del que ni la mandataria se salva por el ataque que recibió su equipo de trabajo.
Amalia García dijo que el ataque fue para intimidar, “pero yo quiero decir, con toda claridad, que ese acto de intimidación no prosperó ni va a prosperar en el ánimo de la determinación que yo tengo de combatir de manera firme y frontal delitos del orden común y también a la delincuencia organizada”.
En cuanto a su presunta intervención con apoyos para comprar votos, señaló que en el estado la mayor parte de los municipios los gobierna el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y hay otros partido al frente de los municipios.
“Estoy hablando de los ciudadanos y el año que entra hay elecciones; yo quiero decir que los ciudadanos y ciudadanas que voten por los diversos partidos políticos que hay en el estado merecen desde hoy y desde siempre mi respeto, porque han votado de acuerdo con su voluntad libre y soberana”.
El posicionamiento de diputados como Abelardo Morales y Manuel de Jesús García Lara fue sobre los apoyos que requiere el campo zacatecano y que en 5 años han quedado pendientes.
En este nuevo formato de rendición de cuentas, el perredista Clemente Velásquez Medellín le pidió que informara en qué condiciones se dio tanto la fuga de los 53 reos, como la consignación de los custodios.
La gobernadora explicó que Zacatecas no tiene un penal de máxima seguridad para tener a ese tipo de delincuentes, no obstante, dijo que hay acuerdos con el gobierno federal para la construcción de uno, y reiteró su apoyo al presidente en la lucha contra la delincuencia organizada.
Por su parte, las diputadas Hilda Ramos y Silvia Ruvalcaba, encaradas de educación y salud, respectivamente, plantearon a la gobernadora la importancia de que no se abandonen estos rubros.
FOTOS: LEONARDO MORENO
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