Socorro Ceseñas Chapa, legisladora por Nuevo León, denunció que ni el gobierno de Zacatecas ni el ayuntamiento de Mazapil buscan una alternativa viable para solucionar la problemática de las 39 familias que se rehúsan a salir de sus viviendas tras la explotación de la minera Frisco-Tayahua.
Acusó que las autoridades municipales, a través de Protección Civil, intimidan a los pobladores con la firma de un documento en el que aceptan su responsabilidad sobre lo que pueda ocurrirles a consecuencia del uso de dinamita.
La legisladora reprochó que tampoco el gobierno del estado ha negociado entre los habitantes y la minera, a pesar de que en días pasados envió a un diputado federal para resolver el conflicto, quien solo les ofreció como única alternativa que abandonen sus hogares.
Habitantes piden indemnización y oportunidad laboral
Ante la situación de incertidumbre para los pobladores, la legisladora federal acudió a Salaverna, Mazapil, para reunirse por separado con ambas partes, y afirmó que existe disposición de llegar a un acuerdo.
«Hay una propuesta por parte del director general de la mina. Hay disposición de entrar en acuerdo que permita tanto a las familias establecerse en un lugar que no haya riesgo, tener posibilidades de desarrollar sus actividades económicas y que la empresa pueda realizar sus trabajos de exploración y extracción», detalló.
El acuerdo que alcanzaría los habitantes para salir de Salaverna es que haya una indemnización de por medio, así como garantías para radicar en otro lugar y la oferta de alguna actividad económica en la que generen ingresos.
La diputada afirmó a la empresa minera que las familias están en la mayor disposición y entendimiento de llegar a una negociación justa para ambos partes, la cual se dará a conocer a su regreso a la Ciudad de México.
FOTOS: OSVALDO MARTÍNEZ
