El pasado miércoles hizo su arribo la Guardia Nacional a Zacatecas con la presencia de 750 elementos de los 1.800 contemplados para el estado, pero de inmediato empezó la disputa por la apropiación política de la corporación entre el gobierno estatal priísta y la militancia morenista.
Los dados están cargados a favor de la actual secretaria general de la Sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Norma Angélica Castorena Berrelleza, puesto que el gobierno estatal, la dirigencia nacional sindical y hasta diputados priístas trabajan en su precandidatura.
Sin una idea clara del quehacer parlamentario, carente de una conciencia de lo que representa el Poder Legislativo y con un solo objetivo, atesorar un patrimonio personal basado en los recursos públicos, la gran mayoría de los integrantes de la 63 legislatura zacatecana transitan en este período legislativo.
Carente de oficio político, de la construcción de un discurso que empate con el momento que se vive en el estado y en el país, la oposición política zacatecana está en un letargo comodino y acomodaticio, sin vida propia y sin objetivos claros a la vista.
El centralismo del gobierno federal presiona fuertemente las finanzas públicas de las entidades federativas, pero en algunas se ahonda la crisis financiera, en gran parte por la corrupción y excesos irresponsables de anteriores administraciones, pero también por la nueva estrategia de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador por controlar a los estados.
A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a Pinos, Zacatecas, exhortó a la unidad en el país, se mostró la profunda división que existe en Morena, y también la enorme debilidad y desgaste de los cuadros políticos de este movimiento en la sucesión gubernamental.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este fin de semana que pondrá en las entidades federativas y en las ciudades los nombres de los cárteles de la delincuencia organizada y de los políticos corruptos a las obras públicas que se construirán con bienes y dinero confiscados a la delincuencia, “para que se conozca de dónde salieron los recursos”.
El alcalde de Guadalupe, Zacatecas, Julio César Chávez Padilla, ha transitado de la expectación de una transición municipal a la decepción en el desempeño administrativo, político e institucional.
