Estamos por terminar el presente año 2018 y en materia de seguridad seguimos empeorando, debido a que el índice de hechos violentos no cesa y, al contrario, los atentados contra comandancias y elementos de seguridad pública municipal aumenta, en un escenario en el que la transición presidencial aún está en fase de reacomodo.
Ya pasaron los discursos de la entronización al poder presidencial de Andrés Manuel López Obrador y la parafernalia de la toma de protesta, el impacto mediático y las reacciones de los distintos sectores sobre el contenido de las primeras palabras del nuevo presidente de México.
La designación de 32 ‘superdelegados’ federales que serán los únicos vínculos con los gobiernos de los estados, y que por ende desaparecerá la figura de delegados federales, desató ya una serie de impugnaciones por el control que tendrán en todos los ámbitos de la actividad pública, puesto que hasta en materia de seguridad podrán intervenir.
La transición que vive el país complica aún más el cierre fiscal del año 2018 debido a que la administración del presidente Enrique Peña Nieto le está dejando varios pendientes al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, lo que presiona todavía más las finanzas de los 58 municipios y al sistema educativo estatal, incluida la Universidad Autónoma de Zacatecas.
El próximo mes de diciembre el Partido Acción Nacional “renovará” su dirigencia estatal en Zacatecas, en donde posee uno los votos más duros en la historia democrática del estado, que le ha permitido ganar en una ocasión la capital zacatecana en el año 2007 durante la administración de la gobernadora perredista, Amalia García Medina (2004-2010).
Zacatecas ocupa el cuarto lugar en corrupción en México al incrementarse en 63.1 por ciento la tasa de víctimas de actos oficiales de esta naturaleza, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig 2017) aplicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), lo que lamentablemente nos ubica en el contexto de un fenómeno social que prácticamente es vida cotidiana en el estado.
El presidente electo Andrés Manuel López Obrador está metido en un serio problema y todavía no empieza a gobernar. Es un político atípico que rompe con las formas tradicionales de la política, pero propone acciones que no están dentro de la normatividad y de las leyes.
La avalancha de despidos en algunos municipios del estado que se encuentran todavía en su etapa de transición y acomodo, puso de manifiesto no solamente los excesos de todos conocidos en la contratación indiscriminada de personal administrativo, sino la falta de control y las desaveniencias entre los órganos de impartición de justicia laboral en el estado.
