Lunes 19 Agosto 2019

La representación ciudadana, negocio redondo

•    Un ombudsman de 1.5 millones de pesos

Fundada durante la administración del exgobernador Arturo Romo Gutiérrez, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas ha pasado por distintos períodos de confrontación, tirantez y mediocridad en el ejercicio de sus funciones y de su relación con el poder estatal en turno.


El primer presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) fue el doctor Jaime Cervantes Durán, quien junto con un destacado grupo de profesionistas zacatecanos, escribieron unas de las páginas de mayor independencia social y política que hasta el momento se haya registrado en Zacatecas.

Empero en la actualidad la CEDH experimenta uno de sus momentos más interesantes en los 18 años de su existencia, pues se ubica entre la adopción mimética de muchos organismos que, lejos de representar los intereses independientes de una sociedad, han tomado los vicios que envilecen su función.

Lo que sucede en la Comisión Estatal de Derechos Humanos es lo que se refleja, por ejemplo, en los cabildos de la gran mayoría de los ayuntamientos zacatecanos en donde los representantes populares, empezando por los alcaldes y terminando con los regidores, han transformado su presencia en un pingüe negocio.

Lejos de representar los intereses de la sociedad que los eligió y de cumplir a cabalidad con la función de gobernar a la respectiva demarcación municipal, alcaldes y regidores emprendieron la ruta del negocio particular y de la acumulación de bonos, salarios altos, compensaciones, dietas y un largo etcétera que ha motivado la aprobación de la Ley de Salarios Máximos en la entidad para contener los excesos salariales en las presidencias municipales.

Fiebre monetaria
El caso de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Zacatecas es un caso preocupante, porque se ha contagiado de la fiebre monetaria que manifiestan los cuerpos de representación popular y algunos organismos ciudadanos, que desvían su función para centrar sus intereses en el factor de la ganancia económica personal.

Cuando la CEDH nació en Zacatecas sus representantes no percibían ningún salario, ni dietas ni bonos, pero fue el entonces ombudsman Eladio Navarro quien propuso una dieta de 10 mil pesos para los consejeros.

Sin embargo, durante la gestión de Benito Juárez se proporcionó a los consejeros 10 mil pesos más en bonos, además del pago de celulares y gastos de representación que no compensan la función que tienen, puesto que solamente se reúnen como máximo en dos ocasiones al mes.

Lo anterior es  muestra de que se cambió la comodidad salarial por la representación ciudadana dado que, se supone, cada uno de los miembros desarrolla una actividad profesional que soporta su actividad personal y familiar.

El colmo de la situación ha trascendido a distintas esferas sociales y políticas, ya que desde que dejó la representación de los derechos humanos en Zacatecas, Benito Juárez demanda una liquidación de millón y medio de pesos, pero además, cada uno de los consejeros que sean cambiados por cuestiones de término de su representatividad deberán ser liquidados por 160 mil pesos cada uno.

En estricto apego a la normatividad administrativa, el expresidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Zacatecas, quien fungió previamente como visitador, debería obtener una liquidación que representa menos de la mitad de lo que pretende, puesto que ahora demanda un finiquito como presidente cuando solamente fungió durante cuatro años al frente del organismo.

Benito Juárez Trejo rindió protesta como presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos el 23 de junio de 2007 ante la LIII legislatura, erigida en ese momento como Colegio Electoral, y concluyó sus funciones en el pasado mes de junio de 2010.
Es importante citar al artículo 24 del Reglamento Interno de la CEDH:

“El consejo es un órgano colegiado integrado por siete consejeros además del Presidente de la Comisión, quien será además quien presida el consejo”.

“A excepción de su presidente, los cargos de miembros del consejo serán honorarios, y durarán en su cargo tres años, pudiendo ser ratificados para otro periodo igual. Podrán recibir una dieta mensual, equivalente a 200 cuotas de salario mínimo general vigente en el Estado, y con cargo al presupuesto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que anualmente le destine la Legislatura del Estado”.

Como puede apreciarse, el reglamento no contempla la percepción de “dietas económicas”.

A tiempo de corregir
En los próximos días la LX legislatura renovará al consejo del citado organismo cuando se proponga el relevo de cuatro de sus consejeros, lo que podría ser un momento propicio para sanear una situación que hoy trastoca la representatividad ciudadana en Zacatecas.

La Comisión de Derechos Humanos que preside el diputado Juan Francisco Cuevas Arredondo tiene hoy la oportunidad de modificar este tipo de prácticas que desvirtúan la esencia de la representatividad ciudadana que debe preocuparse más por evitar los excesos del poder y promover una cultura de los derechos humanos en Zacatecas.

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