Miércoles 20 Febrero 2019

Código político: La designación del fiscal y la 4T

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador enfrenta un escenario muy complicado en los primeros 44 días de su administración, en el que el tema de la escasez en el suministro de gasolina le ha generado un fuerte desgaste social, pero enfrentará a partir del próximo lunes el proceso para la designación del nuevo Fiscal General de la República, lo que pondrá a prueba la autonomía e independencia en la impartición de justicia en México.

Luego del fracaso de los Foros por la Pacificación y Reconciliación Nacional convocados por Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República enfrentó las fuertes críticas sobre la legalización de la Guardia Nacional que, sin estar legislada, el tabasqueño hizo pública la convocatoria.

En los llamados “foros por la pacificación” se reflejó la improvisación, así como la ausencia de un protocolo para el cuidado de las víctimas y, sobre todo, la desinformación sobre el contexto local sobre el escenario de la violencia y las desapariciones.

El equipo de López Obrador evidenció un amplio desconocimiento sobre el contexto local donde se realizaron los foros, pero además se creyó ingenuamente que, con dicha actividad, se podría manejar fácilmente el tema de la violencia y las desapariciones en el país.

Antes de rendir protesta como presidente de la república, López Obrador señaló en un acto realizado en el Archivo General de la Nación en la Ciudad de México, la realización de 40 foros para la Pacificación y Reconciliación Nacional, que serían la base para llevar a cabo una “justicia real” a las víctimas del delito. El fracaso fue evidente. Pero de este tema, ya pocos lo recuerdan.

También el 25 de noviembre del 2018 el entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador en el campo militar 1, pidió al Ejército Mexicano que lo apoyara para la integración de la Guardia Nacional, lo que desató desde entonces una ola de cuestionamientos de organizaciones sociales tanto nacionales como internacionales y después, el reclamo de gobernadores de oposición que demandaban que el mando fuera del orden civil.

La Cámara de Diputados en donde la mayoría parlamentaria es del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tuvo que abrir una consulta para dirimir el tema, al que acudieron distintos organismos que van desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos hasta gobernadores de los distintos partidos políticos, para que finalmente López Obrador cediera al reclamo nacional e internacional.

Finalmente, el viernes pasado el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, dio a conocer durante la audiencia pública en la Cámara de Diputados, el replanteamiento de los términos del diseño original propuesto para la Guardia Nacional, mediante las modificaciones constitucionales para ubicarla en el ámbito civil, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Estos antecedentes relacionados estrechamente con el tema de la seguridad pública van vinculados con el de impartición de la justicia, en el que las declaraciones del presidente López Obrador no han estado ajenas a la polémica.

El perdón para los corruptos del pasado al que también ha llamado como un “borrón y cuenta nueva”, o “empezar de cero”, ha sido decepcionante para un amplio sector de la población mexicana que demanda que se aplique la ley a secas.

El siguiente capítulo tiene que ver con la designación del Fiscal General de Justicia del país, figura jurídica introducida durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, quien intentó nombrar a un fiscal a modo, de estrecha relación política y personal con el entonces presidente al que se denominó el “fiscal carnal”.

Hoy el presidente López Obrador está obligado a generar las condiciones para que el próximo Fiscal sea genuinamente independiente del Ejecutivo, y pueda con sus acciones, restituir la confianza de los mexicanos en las instituciones impartidoras de justicia.

A partir de este lunes 14 de enero la Comisión de Justicia del Senado de la República comenzará a recibir a los 27 aspirantes a la Fiscalía General que cumplieron con los requisitos publicados y que aparecen en el dictamen de elegibilidad.

De acuerdo con algunos analistas quienes encabezan la lista son el ex panista Bernardo Bátiz, quien fuera Procurador del DF con el entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador; Alejandro Gertz Manero, ex Secretario de Seguridad durante el sexenio foxista y actual encargado del despacho de la PGR y Verónica De Gyves, única especialista en derecho penal, con amplia experiencia en la procuraduría capitalina y en los juzgados penales.

Entre algunas de las características deseables del perfil del próximo Fiscal General de Justicia destacan: alto reconocimiento social, amplia experiencia en la procuración de justicia y sobre todo, credibilidad y confianza de los mexicanos.

La designación del próximo Fiscal General por parte del Senado de la República en donde Morena es mayoría, reflejará la decisión presidencial de otorgarle una auténtica autonomía e independencia a la impartición de justicia en el país, lo que sería no solamente una especie de antídoto contra la corrupción e impunidad, sino un brazo independiente del Poder Ejecutivo que tanta falta le hace al país.

¿Sucumbirá AMLO a la tentación de imponer un “fiscal carnal” a modo del capricho presidencial?

Al tiempo.

Director general de logo portico

Twitter: @juangomezac

Código Político: Rocío Nahle y la política energética

Invitada por la Unidad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas (su alma mater de la que es Generación 1981-1986) para dictar una conferencia magistral, la senadora Rocío Nahle García puso de manifiesto la nueva visión en la política energética de nuestro país para los próximos 6 años.

 

Abordó distintos temas que van desde la pérdida de soberanía en energéticos hasta la recomposición de los precios de la gasolina y energía eléctrica, la construcción de nuevas refinerías, la generación de oportunidades para los jóvenes y la geopolítica de los hidrocarburos en nuestro mundo globalizado.

 

En los últimos 3 sexenios, la política en hidrocarburos ha sido errática en nuestro país, pues desde el sexenio de José López Portillo, cuando se petrolizó la economía y que se anunció el fallido proyecto de la generación de gas mediante el ducto Cactus-Reynosa, la política energética no se ha reorientado con una visión de estado, sino solamente se han aplicado criterios de corto plazo y pésimamente fundamentados.

 

Las administraciones presidenciales cifraron una gran expectativa en el precio del barril de crudo mexicano en el exterior, lo que permitió una bonanza sexenal en la presidencia de Vicente Fox Quezada, recursos que fueron gastados políticamente pero que nunca llegaron con suficiencia para incentivar a las refinerías y mucho menos para construir más.

 

Las críticas y los análisis de los expertos sobre la creciente dependencia del exterior en materia de abasto del energético de nada sirvieron. El argumento simplista y facilón, pero irresponsable, fue que era más barato importar gas y gasolina del exterior.

 

Las consecuencias de esa visión presidencial y de la toma de decisiones de los últimos sexenios que solo favorecieron al capital extranjero, han colocado al país en una grave dependencia que vulnera su seguridad nacional.

 

En ese contexto la futura secretaria de Energía señaló que: “Hoy nuestro sistema nacional de refinación está subutilizado, está al 40 por ciento. Estamos importando el 80 por ciento de las gasolinas. Si hoy nos cerraran la llave de Estados Unidos, tendríamos severos problemas; no tenemos almacenamiento ni para 2 días”.

 

Esa es la dimensión de la gravedad que tenemos los mexicanos por haber dejado no solo de producir, sino de planear nuestro desarrollo energético en el contexto internacional.

 

Es paradójico que seamos un país productor de petróleo a escala mundial, pero que en la práctica seamos casi 100 por ciento dependiente de la gasolina refinada del exterior, producto energético estratégico para el desarrollo de México y para generar estabilidad.

 

Es por ello que la conferencista señaló que: “Hoy tenemos en el sector energético una grave dependencia, por seguridad nacional un país petrolero debe de planear para ser autosuficiente. Las últimas generaciones que han administrado a este país se han perdido”.

 

Cuidadosa en el lenguaje utilizado en el atril de donde dictó su conferencia, invitada por la Unidad Académica de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas y en el marco de Las Jornadas de Ciencias Químicas, Nahle García evitó hacer una referencia directa al actual presidente en funciones, Enrique Peña Nieto.

 

No cuestionó tampoco a la Reforma Energética del actual régimen presidencial que está declinando en su sexenio, pero aportó datos reveladores de la preocupante situación de vulnerabilidad de nuestra seguridad nacional en materia energética.

 

A pesar de ello, el próximo régimen de Andrés Manuel López Obrador no va a cancelar de inmediato la mencionada Reforma Energética, porque generaría un problema mayor, por lo que se le darán 2 años de gracia para observar su comportamiento, “a ver hasta dónde da”, dijo la conferencista.

 

Sin embargo, sí dejó entrever la inequidad en el mercado libre y el rigor fiscal para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Pemex, pero en donde prevalece el favoritismo para las corporaciones trasnacionales.

 

Lo primero que vamos a hacer, dijo Rocío Nahle, es frenar la caída de la producción petrolera. Viene un declive. “Cuando se aprobó la Reforma Energética, en el 2013, nos dijeron que para el 2018 íbamos a producir 3 millones de barriles diarios. En ese momento producíamos 2 millones 400 mil barriles diarios. Hoy estamos en un millón 800 mil barriles diarios”.

 

Rocío Nahle García fue enviada por la Unidad de Ciencias Químicas de la UAZ a realizar sus prácticas a las plantas de Pemex en Pajaritos y después a Cangrejera en el estado de Veracruz hace aproximadamente 30 años. Ya no regresó a Zacatecas. Se especializó como ingeniera petroquímica en el sector paraestatal principalmente.

 

En los últimos años incursionó en la política en Coatzacoalcos, Veracruz, en donde fue electa diputada local y en las elecciones del 2015 participó por el Distrito 11 del estado de Veracruz en el proceso comicial federal. En la pasada LXIII Legislatura fue la coordinadora de los diputados de Morena en San Lázaro y una pieza importante en la campaña de Andrés Manuel López Obrador.

 

La actual senadora es originaria de Río Grande, Zacatecas, pero con raíces árabes, concretamente del pueblo libanés de Nabathie, de donde emigró su abuelo Luis Nahle Fakih en 1906, de acuerdo al relato detallado que hace su hermano, Arturo Nahle García, actual magistrado del Poder Judicial zacatecano, ex procurador y ex secretario general de Gobierno en el estado, en el artículo De Líbano a Zacatecas: la otra migración y compilado en su libro Relatos, retratos, retazos (Taberna Libraría Editores, 2011).

 

“No nos vamos a aislar”, dijo Rocío Nahle García al referirse al contexto mundial y globalizador de la política petrolera mexicana, y seguramente, que tampoco se aislará de su tierra y de la fuerte influencia que ya tiene en el estado, por la posición que ocupará y por la confianza que en ella deposita el actual presidente electo y próximo presidente de la república a partir del 1 de diciembre de 2018.

 

Al tiempo.