Jueves 5 Diciembre 2019

Exigen auditoría por ‘atraco’ en la UAZ

Buscan rescate financiero de la Universidad

Docentes investigadores universitarios se unieron en una causa común, “la de rescatar a la universidad de una élite que la tiene secuestrada y que quiere seguir así, apoyados por un sistema caciquil como ya se ha anunciado por aquellos que buscan el poder en la UAZ”.

Así lo expresó Miguel Moctezuma Longoria, profesor del Doctorado en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), en una rueda de prensa en la que aclaró que no se consideran un grupo político.

Expuso que el déficit total de la UAZ es de 2.133 millones de pesos, lo que representa el 137.5 por ciento respecto del subsidio federal ordinario de un año completo, y esta cifra es la más alta del país en comparación con las otras universidades.

Dijo que la Universidad Autónoma de Nayarit tiene un déficit del 104.9%; la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, del 67.7 por ciento; la Universidad Autónoma de Sinaloa, del 42.4 por ciento, y la Universidad Autónoma del Estado de México, del 37.6 por ciento, dijo Moctezuma Longoria.

1.148 millones de pesos adeuda la UAZ a los trabajadores y docentes: 900 millones por concepto del sistema de ahorro para el retiro y 248 millones por el fondo de vivienda, indicó.

560 millones le adeuda al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y 425 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP): 225 por el impuesto sobre la renta y 200 por el Servicio de Administración Tributaria, agregó el docente universitario.

Expuso que 53.8 por ciento del adeudo corresponde a los profesores y trabajadores y no existe otra universidad en México en la misma situación.

Se trata de un atraco que implementó la UAZ en contra de sus trabajadores y docentes y no de una deuda con el Issste, expresó el docente investigador.

Consideró que se le ha mentido a los universitarios al afirmar que el endeudamiento al Issste abarca las cuentas individuales de los docentes y trabajadores administrativos.

Recordó que de acuerdo con el exrector Francisco Domínguez Garay se optó por dejar de pagar a al Issste y pagar a SHCP por ser la instancia que otorga el subsidio, lo que consideró absurdo y erróneo.

Además, se hizo con el consentimiento del actual rector Antonio Guzmán Fernández cuando era secretario general de Sindicato de Personal Académico de la UAZ (Spauaz), dijo Miguel Moctezuma.

También criticó a Pedro Martínez Arteaga, actual secretario del Spauaz, pues refirió que aunque dice que la gente está muy feliz con él, es una persona irascible, provocadora, descalificadora y dispuesta a no defender los intereses sindicales, además de ser un aspirante es estar en la administración universitaria.

Debe procederse penalmente si es necesario
Félix Vázquez Acuña, docente en la Unidad Académica de Derecho, afirmó que la situación de la UAZ es altamente crítica, y al querer negociar con el Gobierno Federal los universitarios deben reformarse y obligarse a cambiar.

Su planteamiento es que se realice una auditoría general, con todos los efectos que ésta tenga ante las diferentes instancias, sobre el actuar presente y pasado de la UAZ y de sus autoridades que han tomado decisiones.

Si de esa auditoría resultasen responsables, que se proceda, inclusive, de ser el caso, penalmente, cuando se comprueben acciones de tipo delictivo, añadió.

De ese cambio al que debe de comprometerse la universidad, uno de ellos debe de ser dejar la corrupción y la opacidad a la que se ha incurrido históricamente, y solo así se tendrá la autoridad moral y política para exigir auxilio al Gobierno Federal, enfatizó Vázquez Acuña.

Universitarios no pueden seguir en incertidumbre permanente
Álvaro Rodríguez Báez, también docente en la Unidad Académica de Derecho, enfatizó que la UAZ no puede seguir en el escándalo, bajo sospecha, ni bajo una crisis permanente como la que ha padecido al menos en las 4 últimas administraciones, en la que los universitarios se encuentran en la incertidumbre y estrés laboral por no tener certeza sobre si recibirán su quincena o prestaciones.

Por ello se requiere transparencia y una comisión de universitarios que haga una auditoría de esas 4 últimas administraciones.

Destacó que, aunque se vendió parte del patrimonio universitario y se ha pedido apoyo a los gobiernos federal y estatal, esto no ha sido suficiente, y se ha convertido en un “barril sin fondo”, por lo que no se tiene la certeza de que los recursos se hayan ejercido de manera honesta y transparente.

“Sabemos que inclusive nuestras cuotas referentes al Issste y nuestros impuestos han sido convertidas en salarios, lo cual implica desvío de recursos y puede ser constitutivo de un delito de carácter penal”, señaló.

Es por ello que se plantea realizar la auditoría y si es necesario judicializar la situación, que se haga. “No somos tapadera de nadie”, expresó Rodríguez Báez.

 

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