El paro de más de 3 meses en la mina de oro más grande del país, además de tener un impacto demoledor en la economía de comercios locales y afectar a proveedores, el precio en el mercado de los metales y reducir el pago de impuestos, también puede desincentivar la inversión, así como generar posibles problemas sociales en comunidades cercanas.

El motivo de la huelga que estalló el 7 de junio es la inconformidad de los mineros sindicalizados por el pago de las utilidades del año pasado. Debido a las pérdidas por la inactividad, Newmont anunció que no habrá utilidades para los trabajadores en el 2023.

La producción de oro en México experimentó una caída significativa de 26% en junio pasado. Desde la pandemia de Covid en 2020 no se tenía un descenso tan pronunciado y uno de los factores principales es el paro en Peñasquito, que también ha reducido la producción nacional de zinc, plomo y plata.

Al haber una menor oferta de metales, el mercado de este sector se ve afectado y con ello el costo de materias primas derivadas de los mismos, elevando el precio de diversos productos, por lo que la falta de producción en una mina de grandes dimensiones afecta la economía más allá de una región.

La industria minera en México ha disminuido su inversión debido a que se ha detenido la entrega o renovación de concesiones; esto, sumado a problemas sindicales como el que se enfrenta en Peñasquito, podría disuadir la inversión extranjera y generar una pérdida de empleos en el sector.

Hasta agosto la empresa había tenido una pérdida de 25% en la producción anual, lo que representa 562 millones de dólares y dejar de obtener utilidades para este año, que estaban proyectadas en 340 millones de dólares.

El 30 de mayo, la compañía estadounidense pagó el 10% de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU). El año pasado cada obrero recibió en promedio 700 mil pesos, pero en 2023 les entregaron alrededor de 250 mil pesos.

Esta reducción del monto ha sido la principal causa de la inconformidad del Sindicato Minero, aunque los 250 mil pesos representan un monto superior del recibido en otros años por ese concepto.

La empresa ha buscado la intervención de las autoridades laborales para llegar a una solución al conflicto y ha recurrido a los tribunales para que determinen sobre el caso, pues la sección 304 del Sindicato Minero asegura que la minera no hizo los cálculos correctamente.

Tom Palmer, CEO de Newmont Corporation, señaló que Minera Peñasquito cumplió con la ley y con el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), por lo que no se hará un pago adicional y se seguirá con los procesos legales y abiertos al diálogo para lograr una solución.

La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México exhortó a las autoridades a garantizar la legalidad para resolver el conflicto, pues “de mantenerse la inactividad de la minera, se continuará afectando los ingresos de más de 5.000 familias de colaboradores y contratistas, así como 28 mil empleos indirectos que participan en la cadena de valor”.

Por su parte la Cámara Minera expresó su inquietud por el paro de labores, así como las afectaciones para la producción nacional y la confianza de los inversionistas.

Esta preocupación permea en los comentarios en redes sociales, donde cada vez más habitantes de comunidades aledañas, comerciantes o colaboradores afectados expresan su rechazo a que continúe la huelga, así como el temor que se prolongue.

Newmont Peñasquito contribuye con el 13% del Producto Interno Bruto de la región. Sus contribuciones fiscales, al disminuir por la inactividad, reducen la recaudación en impuestos estatales y federales, lo que impacta en las participaciones y en el presupuesto del próximo año.

La empresa informó que la mina ubicada en Mazapil reporta una inversión acumulada de 4 mil 650 millones de dólares y señaló que extender su vida útil más allá de 2031 requeriría un gasto adicional relevante.

En un video publicado en sus redes sociales advierte que la minería es una actividad de capital intensivo y se necesita certeza jurídica, así como estabilidad fiscal y laboral.

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