Ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) fue interpuesta una denuncia penal en contra de la empresa Ocampo Minning, filial de la minera Frisco Tayahua, cuyo accionista principal es Carlos Slim Helú, por presuntos delitos contra la comunidad de Salaverna, ubicada en Mazapil.

Fue presentada por Roberto de la Rosa Dávila, delegado municipal de la comunidad, y el activista Efraín Arteaga Domínguez, como representante de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), quienes hicieron el anuncio en rueda de prensa virtual acompañados por la diputada local Alma Dávila Luévano.

Efraín Arteaga explicó que la minera ha despojado de sus tierras a la comunidad para poner en marcha su proyecto de operación a cielo abierto, además de la que ya tiene de manera subterránea.

Asimismo, ha producido gravísimos daños, al provocar grietas y hundimientos que afectan de manera irreversible los pisos, paredes y techos de las viviendas, lo que implica una responsabilidad penal.

Es por eso que la denuncia se interpuso en contra de la empresa, de los accionistas y sus directivos, así como de sus “personeros” o representantes en la región, explicó.

“Ahora resulta que defender la patria es delito”
En la rueda de prensa se dio a conocer que Roberto de la Rosa dijo que ha sufrido acoso por parte de agentes de la Policía Ministerial (ahora Policía de Investigación) a causa de una denuncia interpuesta en contra suya por la empresa por supuestos ataques a la misma.

Se desconoce, sin embargo, de qué se trata realmente la acusación, pues no se le ha presentado ningún documento, por lo que acudirán a investigar a la agencia del Ministerio Público en Concepción del Oro.

“Ahora resulta que defender la patria es delito, y no se vale”, dijo don Roberto, pues aseguró que lo que él está haciendo es defenderse y defender el territorio.

Y es que su lucha data de más de una década, cuando la minera Frisco Tayahua se instaló en la zona y obligó a la mayoría de los pobladores a desalojar la comunidad.

Cuando todo empezó, alrededor de 2010, eran cerca de 2.000 habitantes los que tenía Salaverna, alrededor de 120 familias e igual número de viviendas. Actualmente quedan 8 o 9 de ellas en la resistencia.

Durante la administración del gobernador Miguel Alonso Reyes la mayoría de las familias fueron desplazadas hacia un nuevo asentamiento, Nuevo Salaverna, al que la diputada Alma Dávila se refirió como un “centro de concentración” o “gallinero”.

“Nos han quitado nuestros espacios, nuestra libertad, nuestro modo de vida, y no podemos andar libremente por la comunidad ya porque ellos ya están cercando todo”, lamentó don Roberto.

Mencionó que actualmente están colocando una línea de corriente de alta tensión alrededor de la comunidad¸ en un perímetro de 5 a 6 kilómetros, lo que da una idea de que ya quieren abrir la mina a cielo abierto.

Esto significaría el exterminio de la comunidad e incluso de la cabecera municipal, porque su manantial ya no tiene agua desde el verano pasado, y en abril de este año se acabó el del pozo que tenían, agregó el delegado municipal.

Un peligro para habitantes y trabajadores
Efraín Arteaga recordó el operativo que se hizo en diciembre de 2016 para destruir las viviendas y todo el pueblo con bulldozer, por parte de autoridades del gobierno estatal, sin embargo, se encontraron con la resistencia de varias familias.

Posteriormente se realizó una visita de inspección técnica que llevó varios meses, para demostrar si los daños a las viviendas se debían a una causa natural como puede ser una falla geológica, o a los trabajos de la mina.

Reprochó la actitud de la secretaria de Economía federal, Graciela Márquez Colín, pues consideró que de manera “mañosa” está ocultando los resultados.

“Si es necesario que el conflicto vaya escalando, pues ni modo, tendrá que escalar, y tendrá que llegar un momento en el que el asunto esté en el escritorio del presidente de la República”, dijo el dirigente de la UNTA.

Explicó que se ha solicitado a Andrés Manuel López Obrador que ordene la suspensión inmediata de los trabajos de esa mina porque no respeta a los habitantes ni a los trabajadores, pues el peligro es para ambos si se desplomara el suelo de la comunidad.

“Tarde o temprano tendrá que ordenar la suspensión inmediata y provisional de los trabajos de esa mina, sino también la cancelación definitiva del proyecto de la mina a cielo abierto y la cancelación de esa concesión”, advirtió.

Alma Dávila afirmó que seguirá apoyando en este tema, pues se cree que los empleos que genera la minería justifican la explotación, a pesar del deterioro al medio ambiente y la destrucción masiva.

Indicó que debe buscarse una minería menos agresiva en el estado con el apoyo de la ciencia y la tecnología, pero sobre todo defender a los pueblos y su modo de vida, porque si ellos han decidido, como Salaverna, que prefieren dedicarse a la agricultura y la ganadería, deben ser respetados.

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