El gobernador David Monreal Ávila dará resultados y será ejemplo claro del combate a la corrupción e impunidad; la Secretaría de la Función Pública (SFP) será implacable, no será omisa ni tapadera de nadie, afirmó la titular de esta dependencia, Humbelina Elizabeth López Loera.

Informó que se encontraron 639 presuntas anomalías en la administración del exgobernador Alejandro Tello Cristerna y que iniciarán con las notificaciones de 10 informes de presuntas responsabilidades administrativas.

López Loera aprobó, signó y entregó el Acta de Verificación y Validación Física, con la que concluye el proceso de entrega-recepción del Poder Ejecutivo de Zacatecas.
Afirmó que no se solapará a funcionarios de la administración de Alejandro Tello, que dejaron de actuar ante las irregularidades cometidas en el periodo de Miguel Alonso Reyes y fincarán responsabilidades por acción y por omisión.

“En este gobierno no se protegerá a nadie ni se pasará por alto alguna violación a la ley en caso de que se confirmen delitos o faltas administrativas. Hoy el combate a la corrupción y la cero tolerancia a la impunidad serán sellos que quedarán como manifestación de nuestro paso en la historia de Zacatecas, no en el papel, en los hechos”, dijo.

Advirtió que la apertura de carpetas de investigación y, posteriormente, de procedimientos de responsabilidad son contra servidores públicos que fueron tapadera ante desfalcos con afectación al erario público, en millones de pesos, tanto en la administración anterior como en los que no han prescrito del periodo de Miguel Alonso.

Ángel Manuel Muñoz Muro, integrante de la Comisión de Recepción, señaló que se observaron el uso desmedido de recursos públicos en el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif), así como omisiones de funcionarios en sus obligaciones esenciales en la SFP.

También denunció el descuido del erario en la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial (Seduvot) y múltiples existencias de encubrimiento de conductas y omisiones de administraciones anteriores.

Como ejemplo claro, citó la cartera vencida que se encontró en 4 de las secretarías más importantes y que suma aproximadamente 367 millones de pesos, en préstamos cuyos pagos nunca fueron debidamente requeridos.

El acta contiene 639 presuntas anomalías, 240 graves y 399 no graves. En ella, se da cuenta de que, prácticamente, en todas las dependencias centralizadas y descentralizadas, hay irregularidades, las cuales fueron encontradas luego de un trabajo de revisión y fiscalización de semanas, que llevaron a cabo quienes integran la Comisión de Recepción y el equipo de la SFP.

Las presuntas irregularidades, ya documentadas, están en todos los sectores: infraestructura, desarrollo social, educación, salud y van desde la omisión en acciones de deudores diversos y recuperación de cartera vencida de créditos otorgados; contratos de prestación de servicios que sobrepasan el techo presupuestal autorizado.

También hubo gastos excesivos, así como falta de documentación comprobatoria y justificativa. Fue muy común –añadió la secretaria- el saqueo hormiga en gasolina que en suma total se convierte en un robo de más de 3 millones de pesos, sólo en la inspección de algunas semanas.

Además, se detectaron plazas asignadas de manera discrecional; recursos destinados a fines distintos a los autorizados; indebida contratación y adjudicación de adquisiciones; irregularidad en la entrega de apoyos económico a beneficiarios, según se establece en las reglas de operación de los programas, entre otras.

“Ni siquiera la pandemia fue obstáculo para los desfalcos más gravosos e inmorales; se hizo mal uso del dinero del pueblo”, afirmó la secretaria de la Función Pública.

De cada una de estas irregularidades –agregó- se estará notificando a los Órganos Internos de Control (OIC) a fin de que se abran las carpetas de investigación correspondientes. Asimismo, seguirá la fiscalización de la ejecución de los recursos de los años anteriores y se abrirán las carpetas de investigación que sean necesarias.

Agregó que, en los próximos días, darán detalles de estas presuntas anomalías porque la sociedad exige resultados y respuestas ante el estado en quiebra que se encontró, con anomalías en el manejo de los recursos financieros, materiales y humanos.

Muñoz Muro indicó que se verificará la existencia de actos de corrupción para que, en su momento, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía General del Estado, así como los órganos jurisdiccionales emitan las sanciones correspondientes.

“Lo que podemos adelantar es que no habrá ningún tipo de recato en la imposición de sanciones máximas, no vamos a tolerar actos de corrupción ni del pasado ni del presente. No es más de lo mismo y no habrá más impunidad”, aseguró.

Los documentos que contienen dichas anomalías fueron entregados al auditor Superior del Estado, Raúl Brito Berumen.

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