Ernesto González Romo denunció que en la Legislatura pasada se realizó un esquema de facturas con empresas fantasmas, para simular operaciones y de esta forma se triangularon más de 200 millones de pesos, lo cual puede constituir delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

Señaló que al menos 25 de los 30 diputados de la anterior Legislatura están implicados en este esquema, e incluso están en grave riesgo de terminar en la cárcel, de acuerdo a documentos que dio a conocer y que detallan las facturas en 5.000 hojas.

Explicó que la estafa consistía en que empresas cobraban por servicios de asesoría para elaborar iniciativas o estudios, lo cual era una simulación ya que el propio personal de los diputados realizaba.

La empresa se quedaba con el 10 por ciento de comisión del monto y el resto se los daba a los legisladores, es decir, si se hacía una factura por 200 mil pesos, se le regresaban al diputado 180 mil pesos por un servicio que nunca se realizó.

Ernesto González investigó los domicilios fiscales de las empresas que ofrecían los servicios, al acudir encontró que eran empresas fantasma, como Boccacio, que tiene domicilio fiscal en una tiendita de abarrotes.

Otras son Grupo Ferse de Zacatecas SA de CV, que comparte domicilio fiscal con varias constructoras y Salka Bastimentos SA de CV, que tiene domicilio fiscal en una humilde casa de interés social en Aguascalientes.

También aparecen los nombres de personas físicas, como el de Luis Cuauhtémoc Palestina Flores, a quien se le facturaron casi 5 millones de pesos y que trabajaba como auxiliar en la anterior Legislatura.

Ernesto González observó que hay empresas que tienen otros giros que no corresponden a los servicios prestados en las facturas, por lo que solo servían para simular servicios y poder triangular el dinero.

De estas operaciones, el diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) señaló que el propio personal del Poder Legislativo sabía y participaba, pero se cuidaron para que no tuvieran responsabilidades.

En el programa “En vivo y en directo” de José Luis Medina Lizalde, exdiputado local, Ernesto Romo platicó sobre las múltiples formas que se han tenido en el Congreso local para que los diputados dispongan de dinero sin transparencia.

Luis Medina recordó que cuando fue diputado se pedía a las personas que recibían apoyos económicos su credencial y que firmaran de recibido, pero había secretarias de diputados que copiaban las firmas de los supuestos beneficiarios.

Mencionó que otra práctica era que se entregaba dinero por cierta cantidad que firmaba la persona, pero luego se cambiaba el monto, es decir, la persona recibía 500 pesos, pero se reportaba como si le hubieran dado 5.000 pesos.

También señaló el caso de parientes o amigos que meten los diputados a trabajar a la Auditoría Superior del Estado –que depende de la Legislatura- o dentro del propio Congreso, acerca de lo cual Ernesto González advirtió que está detectando irregularidades por nepotismo y basificaciones.

Recordaron el escándalo de 2013, cuando se filtró un audio en el que el gobierno de Zacatecas compró en 100 mil pesos el voto de al menos 9 diputados para que aprobaran el presupuesto estatal.

También mencionaron el caso de 100 becas que se les daban mensualmente a los legisladores, para que las distribuyeran y para la entrega ellos condicionaban a las personas para que asistieran a sus informes o actividades.

El también presidente de la Comisión en el Congreso del Sistema Estatal Anticorrupción anunció que entregará las pruebas a la Unidad de Inteligencia Financiera y pedirá a la Fiscalía General de la República que investigue el caso.

El diputado morenista expresó que recibió presiones para no dar a conocer la información, la cual solo es parte de un expediente que puede ampliarse.

En 2015 La Jornada Zacatecas realizó una investigación en la que mostró que el Congreso facturaba asesorías no documentadas por más de 9 millones de pesos, por servicios y productos que no se comprobaron.

En esa ocasión, también denunció la triangulación de dinero, en la que el vendedor de la factura cobra una comisión, previamente pactada, mientras que se devuelve a quien solicita el comprobante una cantidad del dinero facturado.

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