Se publicaron en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado los Lineamientos de Austeridad Republicana en Materia de Recursos Humanos, en los cuales se ordena a los titulares de las dependencias “una disminución en su plantilla de trabajadores y puestos de trabajo de por lo menos 25%”.

Para determinar la reducción de personal, en el documento se señala que se debe hacer un análisis, el cual debe estar concluido el próximo 30 de noviembre.

Con ello se busca “detectar a los trabajadores que realizan funciones que se duplican dentro de la misma entidad o dependencia, trabajadores sin funciones o cuyas funciones no tienen sustento dentro del organigrama o que no justifican su permanencia”.

La secretaria de Administración, Verónica Ivette Hernández López de Lara, en los lineamientos publicados este 27 de octubre en la página del Diario Oficial, indica que “se acrecentó la contratación de personal otorgándoles no sólo plazas sin funciones, sino que también sueldos exorbitantes y duplicidad de funciones”.

Ante la crisis financiera agrega que “se deben generar procesos administrativos que permitan la liberación de recursos económicos y optimización de la administración estatal”.

Una vez que se emita el informe de plazas y espacios de trabajo que no son esenciales para la operatividad, los titulares de las dependencias deberán proponer una estructura de trabajo alterna que optimice los recursos sin afectar la operatividad.

En cuanto a los trabajadores que queden fuera de la nueva estructura, se les invitará a integrarse a los programas de Retiro Voluntario y de Retiro Digno que se encuentran vigentes, con la finalidad de que se realice el proceso de baja en los mejores términos para los funcionarios que le han brindado gran parte de su vida laboral al servicio público.

En el caso de los burócratas que sean reubicados, será en espacios de trabajo acorde a su perfil académico, experiencia, antigüedad, disponibilidad hacia el servicio, régimen de contratación y en cuyos expedientes no existan quejas, denuncias o procedimientos sancionatorios vigentes.

En aquellas situaciones en las que no se pueda reubicar al no justificarse funciones que correspondan al perfil de cada trabajador, éste será invitado nuevamente a acogerse a los programas de Retiro Digno y de Retiro Voluntario, sin importar su régimen de contratación.

Si el empleado público no se adhiere a estos programas el área jurídica se pondrá en contacto con él a fin de dar inicio a los procesos de ley que correspondan, en el entendido de que se eliminarán todo tipo de duplicidades, espacios complementarios y espacios sin sustento jurídico o presupuestal.

Los criterios para el reordenamiento y la reducción de personal consideran la importancia de las funciones, nivel de responsabilidad, disponibilidad del trabajador y suficiencia presupuestal para cubrir su sueldo.

En el decreto del pasado 9 de octubre firmado por el gobernador David Monreal Ávila para el Retiro Voluntario y Digno, se establece que quien se acoja a cualquiera de estos 2 programas no podrá ser recontratado en la actual administración estatal.

¿En qué consisten el Retiro Voluntario y el Retiro Digno?
En el caso de Retiro Digno sólo pueden acogerse los trabajadores de más de 60 años o que tengan 30 años o más de servicio, a quienes se les darán 3 meses de salario diario integrado por concepto de indemnización constitucional y las prestaciones proporcionales devengadas en este año. Por cada año de antigüedad se les dará, además, 10 días de salario.

En el caso de Retiro Voluntario se les darán 3 meses de salario diario integrado por concepto de indemnización constitucional y las prestaciones proporcionales devengadas en este año 2021, además de que se considera una cantidad adicional de acuerdo a los años laborados.

Para los trabajadores que tienen 15 años o más se les darán 9 días de salario por cada año de antigüedad, para los de 7 a 14 años de servicio 7 días por cada año y para los que tengan 6 años o menos 5 días de salario por cada año.

Si hay en curso una demanda laboral los funcionarios no podrán acogerse a ninguno de estos programas de retiro, a menos que se llegue a algún medio alternativo de solución dentro del litigio laboral.

De los lineamientos quedan excluidos los trabajadores de la Secretaría de Salud, Educación, Sector Educativo Descentralizado y Organismos Descentralizados, pero deberán realizar los trámites conducentes ante la Secretaría de Fianzas a fin de realizar un proceso similar sin afectar su operatividad.

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