Martes 2 Marzo 2021

Suprema Corte obliga a publicar todas las sentencias en Zacatecas

Colectivo promovió juicio contra jueces

Con motivo de un amparo promovido por el colectivo #LoJustoEsQueSepas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentenció que todas las juezas, jueces, magistradas y magistrados del país, tanto a nivel federal como local, se encuentran obligados a poner a disposición de la ciudadanía todas y cada una de las sentencias que dicten en los casos que resuelvan.

Fue promovido el juicio en abril de 2018 en contra de las y los jueces del estado de Zacatecas por no hacer públicas sus sentencias, al no considerarlas de “interés público”.

Dicho colectivo está integrado por EQUIS Justicia para la Mujeres (EQUIS), Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), México Evalúa, Borde Político, Artículo 19, Controla tu Gobierno y Fundar.

En el informe (In)Justicia Abierta (EQUIS Justicia para las Mujeres, 2019) se documentó que existen más de 7 interpretaciones sobre qué sentencias son de “interés público”, lo cual contribuye a la opacidad judicial.

Con este caso, el colectivo buscaba que la Suprema Corte, en última instancia, se pronunciara a favor de la publicación de todas las sentencias, situación que por fin se logró.

El amparo otorgado por la Primera Sala de la Corte declara que las normas que permiten que quede a discreción de las personas impartidoras de justicia si publican o no sus resoluciones son inconstitucionales.

Obliga a todos los jueces y magistrados de Zacatecas a poner a disposición de la ciudadanía la totalidad de las sentencias que han emitido en los últimos años.

Si bien, el 13 de agosto de 2020, se reformó el artículo 73 de la Ley General de Transparencia para determinar que los Poderes Judiciales deben publicar todas las sentencias, a la fecha, sigue vigente la versión anterior de la Ley -la cual reclamó el colectivo en su demanda de amparo-, ya que se estableció un plazo de 180 días para que la nueva ley entre en vigor.

Desde 2018, el colectivo #LoJustoEsQueSepas ha trabajado porque todas las sentencias emitidas por los poderes judiciales federales y locales sean consideradas de interés público.

Primero, porque la publicación de las sentencias permite conocer cómo se está impartiendo justicia y detectar aquellas sentencias que violan derechos humanos en lugar de garantizarlos. Segundo, porque permite vigilar el desempeño de las y los jueces.