Se reformará el Código Penal del estado para perseguir de oficio y aplicar sanción de 3 a 10 años de prisión y multa de 30 a 100 cuotas, a quien especule con los productos de primera necesidad o altere los precios, durante una contingencia como la actual.

La iniciativa de reforma, presentada por la diputada del Partido del Trabajo Gabriela E. Pinedo Morales y los diputados de Morena Héctor Menchaca y Jesús Padilla, pretende establecer los instrumentos legales para castigar a quienes busquen aprovechar la situación de incertidumbre y necesidad.

Para ello, el Código Penal contaría con un Artículo 352 Bis, donde se establecen los ilícitos y las sanciones.

Señala que serán perseguidos quienes “con la intención de obtener un lucro, saque provecho del temor y necesidad, derivados de una contingencia que altere el orden público, eleve el precio de la venta de artículos de primera necesidad, realicen acaparamiento y oculten los productos referidos, a fin de obtener una ganancia por el alza de precios de los mismos.”

En otra iniciativa, autoría de los 3 legisladores citados, se propuso agregar un nuevo párrafo al Artículo 26 de la Constitución del Estado, para eliminar actos de discriminación de las personas que hacen uso del espacio público para la movilidad.

Se establece que: “Toda persona tiene derecho a la movilidad y circulación en condiciones de accesibilidad, calidad, igualdad, eficiencia y seguridad. El Estado debe garantizar estas condiciones, fomentando en todo momento una cultura de movilidad sustentable y sostenible.”

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