Integrantes de colectivas feministas, defensores de los derechos humanos y la abogada y activista Mara Muñoz Galván ofrecieron una rueda de prensa virtual para demandar que se continúe velando por los derechos de la niña víctima de violación por un adolescente de 16 años el pasado 3 de abril.

Luego de que le revocaran a Mara Muñoz la defensa de la víctima, indicaron que presuntamente existieron presiones políticas a la madre de la niña, dejando a ésta en la indefensión y vulnerando su derecho a una vida libre de violencias.

Afirmaron que la defensa jurídica realizada por la abogada feminista Mara Muñoz Galván develó el presunto tráfico de influencias y diversas irregularidades en el caso, por lo que está siendo hostigada con actos de intimidación y una campaña de desprestigio.

Es por eso que exhortaron al gobernador Alejandro Tello Cristerna a garantizar la protección de la víctima, la abogada y sus respectivas familias.

Asimismo, llamaron a la Procuraduría de Protección de la Niñez a nivel federal a intervenir inmediatamente para asumir la representación jurídica de la niña.

En un documento, indicaron que la defensa de la niña logró demostrar cómo el Ministerio Público la ha revictimizado constantemente, así como a su familia, observando tráfico de influencias y delitos cometidos durante el proceso penal por el abogado defensor del presunto responsable de la violación, quién es un exfuncionario público de la propia Fiscalía.

Destacaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que el derecho de los padres a tomar tales decisiones sin interferencias encuentra su límite en el interés superior de la niñez, especialmente cuando está en riesgo la salud y la vida.

Asimismo, en concordancia con la Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la SCJN asentó que niñas y niños son sujetos de derechos y es obligación del Estado Mexicano garantizarlos plenamente.

Por ello, solicitaron a la Procuraduría de Protección de la Niñez continuar con las acciones jurídicas y tiempos procesales que impidan posibles actos de corrupción e impunidad.

Afirmaron que se ha amedrentado a la familia de la víctima sobre “el daño que ocasiona ventilar el caso en los medios de comunicación” lo que llevó a la madre a decirle a la abogada que retiraba la autorización para que se hicieran públicas las irregularidades en el proceso.

Aclararon que, ante esta situación, fue la abogada quien pidió a la madre que la revocara del cargo, pues de esa manera no podría hacer una adecuada defensa de los derechos de la menor, y la madre lo hizo dejando a su hija en indefensión.

Esto es especialmente preocupante por los tiempos procesales, pues el agresor puede salir del centro de internamiento el 5 de septiembre y quedar en resguardo domiciliario, con un brazalete, bajo el resguardo de la Secretaría de Seguridad Pública, lo que lo podría en condiciones de poder escapar.

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