Domingo 15 Diciembre 2019

Promueven diputados inserción laboral de personas con discapacidad

Isabel Trujillo Meza, una de las promoventes

 

Es muy bajo el porcentaje de las personas con discapacidad que laboran en la administración pública estatal, por lo tanto, es necesario alcanzar como mínimo al 5 por ciento de contratación de integrantes de este sector, en los términos previstos en la ley local en la materia.

Así lo indicaron Mónica Borrego Estrada, Isabel Trujillo Meza y Pedro Martínez Flores, integrantes de la Comisión de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad en la 63 Legislatura del Estado.

Expusieron la Iniciativa de Punto de Acuerdo para exhortar al gobernador Alejandro Tello Cristerna para que promueva la contratación de personas con discapacidad en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Paraestatal.

De igual forma, se contempla exhortar al Poder Judicial del estado, los 58 Ayuntamientos de la entidad y a los órganos constitucionalmente autónomos, garantizar la inclusión de este sector en la plantilla laboral de sus respectivas estructuras administrativas, hasta alcanzar el 5 por ciento previsto por Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas.

En el caso de la 63 Legislatura del Estado, se exhorta también a las Comisiones de Régimen Interno y Concertación Política y de Planeación, Patrimonio y Finanzas, para que establezcan los lineamientos a fin de garantizar la inclusión de personas con discapacidad en su plantilla laboral, en el porcentaje legal señalado.

Respeto a los Derechos Humanos en actividades empresariales
En la misma sesión, el diputado Eduardo Rodríguez Ferrer planteó reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, la Ley para la Inversión y el Empleo de Zacatecas y la Ley de Fomento para el Desarrollo Económico del Estado de Zacatecas.

Explicó que el objeto es proponer políticas públicas y acciones para consolidar el respeto a los derechos humanos en las actividades empresariales y en todos los sectores productivos, derivado de la resolución A/HRC/26/L.1, de 23 de junio de 2014 del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En ésta el Comité se pronunció para que los Principios Rectores se incluyan en las políticas públicas de los Estados miembros, a través de un Plan de Acción Nacional u otro marco similar, en donde el desarrollo económico sustentable no puede entenderse sin la participación del sector privado.

Rodríguez Ferrer argumentó que el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos en el sector empresarial, trae como consecuencia que se abra una relación de confianza tanto al interior con las y los trabajadores, como con el entorno, es decir, con los consumidores, comunidades con las que interactúa, etcétera.

Se fomenta además el crecimiento económico sostenible y se consolida la cadena de valor de los derechos humanos, agregó.

 

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