Domingo 15 Diciembre 2019

Proponen diputados amnistía para aborto y robo sin violencia

Jesús Padilla Estrada, uno de los diputados promoventes

Con esta Ley propuesta en el Congreso de Zacatecas, se busca beneficiar a las mujeres, jóvenes y personas indígenas, que, por su elevada vulnerabilidad social, han cometido conductas antisociales, argumentaron los diputados locales Jesús Padilla Estrada, Héctor Adrián Menchaca Medrano y Gabriela Evangelina Pinedo Morales.

En sesión de la 63 Legislatura, dichos integrantes del Grupo Parlamentario de Morena y del Partido del Trabajo, respectivamente, sometieron a la consideración del Pleno la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Amnistía y Reconciliación del Estado de Zacatecas.

Con ésta se actuaría en favor de las personas en contra de quienes se haya ejercitado o pudiere ejercitarse acción penal ante los tribunales del fuero común del estado de Zacatecas, que no sean reincidentes, por los delitos cometidos antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley.

En su iniciativa contemplan los siguientes casos:

Aborto
Se decretará amnistía en los supuestos del delito de aborto, en cualquiera de sus modalidades, previsto en el Código Penal de la entidad cuando se impute a la madre del producto del embarazo interrumpido y se impute a las y los médicos, o a las y los parteros, siempre que la conducta delictiva se haya llevado a cabo sin violencia y con el consentimiento de la madre del producto del embarazo interrumpido.

Indígenas que no hayan tenido pleno acceso a la justicia
Por cualquier delito a personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas que durante su proceso no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado, por no haber sido garantizado el derecho a contar con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura.

Robo simple
Por el delito de robo simple y sin violencia, siempre que no amerite pena privativa de la libertad de más de 5 años.

Sedición y delitos políticos
Por sedición y delitos políticos, o porque hayan invitado, instigado o incitado a la comisión de otros delitos formando parte de grupos impulsados por razones políticas con el propósito de alterar la vida institucional, siempre que no se trate de terrorismo y que en los hechos no se haya producido la privación de la vida, lesiones graves a otra persona o se hayan empleado o utilizado armas de fuego.

La propuesta plantea no conceder el beneficio de la Ley a quienes hayan cometido delitos contra la vida, la integridad corporal, secuestro o hayan utilizado en la comisión del delito violencia o armas de fuego.

Tampoco se podrán beneficiar las personas indiciadas por los delitos a que se refiere el Código Penal para el Estado de Zacatecas como calificados.

Buscan acceso a la justicia de grupos vulnerables
En su exposición de motivos, los diputados señalaron existe una relación inversa entre el acceso a la justicia y la condición económica de las personas: a menor nivel de ingreso mayor es la posibilidad de injusticia.

Indicaron que el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2019, elaborado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), da cuenta de la estrecha relación entre pobreza y denegación de justicia.

Dicho estudio señala que existe un número considerable de personas privadas de su libertad, donde el distintivo son delitos menores, muchas veces provocados por el hambre y la pobreza, y la falta de oportunidades de educación y empleo.

Asimismo, hay otros elementos distintivos que llaman sobremanera la atención, tales como: analfabetismo, baja escolaridad o su pertenencia a grupos o comunidades indígenas.

Destacaron que, de la población total recluida en los penales de las entidades federativas por delitos del fuero común, sobresale el número de personas que, por su condición socioeconómica, está recluida, entre ellos destacan 3 grupos: mujeres, jóvenes y personas indígenas.

Se trata de víctimas de la marginación que son orillados a delinquir por grupos delincuenciales; o de la pobreza, pues se le niega el derecho humano al debido proceso porque no hablan el idioma ni entienden los delitos que se les están imputando, como en el caso de los indígenas.

También se trata de víctimas a las que se les niega la posibilidad de decidir plenamente sobre su cuerpo y hacer efectivos sus derechos sexuales y reproductivos, como en el caso de las mujeres.

Estas personas no representan una amenaza para la sociedad, en cambio, su estancia en prisión puede condenarlas a formar parte de la delincuencia organizada o llevarlas a cometer nuevos delitos, ya sea dentro de los penales o al salir de ellos, de acuerdo con los legisladores.

Por ello, consideran necesario y urgente conceder la libertad y dar nuevas oportunidades de reinserción social a quienes han cometido conductas delictivas.

Esta iniciativa va en sintonía con la hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha enviado al Congreso de la Unión en los mismos términos y que de ser aprobada tendrían que adecuarse las legislaciones estatales en sus Códigos Penales, lo cual si se aprueba en Zacatecas estaría adelatándose.

 

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