Miércoles 11 Diciembre 2019

Proponen reformas al Código Penal en materia de feminicidio

Diputado Héctor Adrián Menchaca Medrano. (Cortesía)

Expresó el diputado Héctor Adrián Menchaca Medrano que el Gobierno del Estado tiene registrados 56 feminicidios entre 2013 y 2018, siendo víctimas mujeres entre los 18 y 21 años.

Por ello, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que propone reformar el Artículo 309 Bis del Código Penal para el Estado de Zacatecas.

Señaló que el año más mortífero para las mujeres en Zacatecas fue el 2018, ya que se contabilizan 15 casos, mientras que en 2017 fueron 14 y en 2016 13.

Dijo que estas cifras detallan el fracaso en las políticas implementadas por el gobierno estatal, para hacer frente a este fenómeno que vulnera y viola los derechos de las mujeres zacatecanas.

Explicó que a nivel municipal Fresnillo ocupa el tercer lugar a nivel federal, con una tasa de 1.69 feminicidios por cada 100 habitantes, 5 de cada 10 denuncias registradas en el Sistema de Emergencias 911 son relacionadas con la violencia en contra de las mujeres.

Esto representa que el 50 por ciento de las llamadas tienen que ver con este fenómeno, lo que a su vez demuestra la falta de una política integral que fomente el respeto a los derechos de las mujeres.

Con ello se harían las adecuaciones necesarias al Código Penal para el Estado de Zacatecas, con el objetivo de homologar el marco jurídico de la entidad con el Federal y atender a cabalidad el delito de feminicidios.

La reforma propuesta al artículo 309 Bis del Código Penal para el Estado de Zacatecas es para homologar la tipificación del delito de feminicidio con el Código Penal Federal, por considerar que el no reconocer la gravedad de este delito, implica vulnerar los derechos humanos de las mujeres en Zacatecas.

Indicó el diputado que hacerlo significaría un gran avance para la protección de este sector, ya que facilitaría el acceso a la justicia para todas aquellas víctimas de este crimen.

Entre las propuestas se encuentra establecer que al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente la procuración de justicia, se le impondrá pena de prisión de 5 a 10 años y de 500 a 1.500 días de multa, además será destituido e inhabilitado de 5 a 12 años para desempeñar otro empleo o cargo.

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