Martes 23 Julio 2019

Denuncian colectivos LGBTTTIQ+ a obispo, Tello y su esposa ante Segob

Acuden a todas las instancias para defender sus derechos

Durante la presentación de la Marcha por la Diversidad Sexual que se llevará a cabo el sábado 20 de julio, integrantes de los colectivos aprovecharon para señalar el incumplimiento de la 63 Legislatura para dictaminar la iniciativa que reforma el Código Familiar para permitir el matrimonio igualitario en el estado.

Informaron que esta semana estarán en la Ciudad de México para dar seguimiento a las denuncias que interpusieron ante la Secretaría de Gobernación (Segob) por la violación al Estado Laico y al Estado de Derecho.

En ellas señalan la intromisión del obispo Sigifredo Noriega Barceló y otros líderes religiosos, así como del gobernador Alejandro Tello Cristerna y su esposa Cristina Rodríguez Pacheco, con sus declaraciones públicas que consideran claramente discriminatorias.

María Luisa Sosa de La Torre y Paz Barrón ahondaron sobre este tema, y anunciaron que acudirán al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Advirtieron que, si continúa sin dictaminarse la iniciativa, acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a más tardar en agosto, cuando inicia el segundo periodo ordinario de sesiones de la 63 Legislatura del Estado, para actuar legalmente contra la misma.

Señalaron que el hecho de no votar es mantener en la indefensión a un grupo de la población, y de ser necesario se irá al ámbito internacional con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Afirmaron que no se trata de que la Legislatura discuta si se aprueba o no, ya que es un mandato de la máxima instancia de este país que ya interpretó la ley y la declaró inconstitucional.

Lo único que están obligados a hacer los diputados es a adecuar la legislación local para cumplir la ley, y advirtieron que si ellos están en desacato acudirán a donde sea necesario para defender sus derechos.

Una de las vías ante la SCJN es solicitar un amparo con una declaratoria general de inconstitucionalidad, lo que quiere decir que al surtir efectos para alguna persona, surte en automático efectos jurídicos para toda la población que se encuentre en este supuesto.

En este caso hay incluso la posibilidad de que retiren del cargo a los diputados y se llame a sus suplentes, ante el desacato a las indicaciones de la SCJN, por ser omisos y con ello lesionar los derechos de una parte de la población.

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