Martes 23 Julio 2019

Exigen a Tello y obispo 'sacar las manos' de matrimonio igualitario

Acusan escalada de violencia y agresiones contra comunidad LGBTTTIQ+

Integrantes de los colectivos de la comunidad LGBTTTIQ+ acusaron al gobernador Alejandro Tello Crsiterna, su esposa Cristina Rodríguez, el obispo Sigifredo Noriega Barceló y a algunos diputados locales de intervenir para que no se apruebe la iniciativa a favor del matrimonio entre homosexuales.

Con la lectura de un comunicado, exigieron a la Legislatura del Estado que se apegue a la ley, ya que aunque como personas tienen derecho a profesar la religión que decidan, esta no debe de influir en su actividad legislativa.

“Al gobernador del estado, le exigimos que mantenga sus prejuicios personales en el ámbito de su vida privada y le exigimos el respeto pleno al marco constitucional y legal que nos rige. Usted gobierna para todas y todos y debe mantenerse imparcial y además en este proceso con las manos fuera de la función legislativa”, continuaron.

Indicaron que tiene derecho de presentar iniciativas y del cabildeo de las mismas, pero nunca de incidir para que se violenten los derechos humanos de las personas “a las que de manera indirecta con sus posiciones considera de menor valía como seres humanos”.

A su esposa Cristina Rodríguez, le señalaron que no forma parte de la estructura del estado y su papel es honorífico, por lo tanto, “no puede señalar a la usanza de las viejas monarquías quiénes tienen derechos o no, con quiénes el estado asume su obligación de garantizarles el ejercicio de sus derechos humanos plenos o no”.

Al obispo Sigifredo Noriega, le recordaron que entre sus facultades no está la de hacer política, no tiene derecho a regir la agenda pública y a formar una asociación fuera de la ley con políticas y políticos que no recuerdan que éste es un estado laico, para transgredir los derechos humanos de las personas.

Indicaron que incluso dentro de sus templos y en su púlpito, no puede utilizar un lenguaje homofóbico y denigrante “y no puede a través de sus frases cargadas de odio incitar a la violencia en contra de una parte de la población”.

También a otros grupos religiosos que han vivido discriminaciones y persecución, les señalaron que no tiene derecho de hacer lo mismo contra ninguna persona por ninguna condición, incluyendo la de preferencia u orientación sexual.

Aseguraron que se ha agredido públicamente a diputadas y diputados que se niegan a acatar las órdenes del obispo y otros grupos religiosos para que no se apruebe la reforma a la ley.

De manera particular, indicaron que la legisladora a Perla Martínez Delgado ha sido agredida en su persona, propiedades y ha sido víctima de persecución, acoso, y violencia política desde otras instancias de gobierno.

Acuden a Segob, Conapred y Derechos Humanos para defender sus derechos
Por ello, informaron que acudieron ante la Secretaría de Gobernación (Segob) para que les garantice sus derechos, así como ante la Comisión Nacional para prevenir la Discriminación (Conapred) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

“Nos parece de alta peligrosidad el grado de violencia que se está viviendo en Zacatecas ante la necesaria y obligatoria aprobación del matrimonio civil igualitario”, destacaron en su lectura del documento.

Acusaron que existe una escalada de violencia y agresiones hacia las y los integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+ y a quienes les dan su respaldo, y advirtieron que la libertad de expresión no puede convertirse en anarquía y usarla para violentar, discriminar y señalar a otras personas.

Asimismo, aseguraron que de manera impune la Legislatura del Estado espera la conclusión del periodo legislativo para seguir con “sus trucos de malabarismo” y evitar la aprobación del matrimonio igualitario hasta el final de este quinquenio, como se ha “ordenado” desde el Gobierno del Estado.

Indicaron que no aceptarán salidas salomónicas de que se llame “enlace nupcial” o “sociedades de conviviencia” al matrimonio igualitario.

Recordaron que ya hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala que no se pueden tener 2 instrumentos normativos para regular un mismo acto jurídico y que no se puede tratar de manera diferenciada a personas iguales.

En la rueda de prensa contaron con el respaldo del movimiento feminista, de la exdiputada María Elena Ortega Cortés, quien presentó una iniciativa en este sentido en la pasada legislatura, y de Mónica Borrego Estrada, promovente de la iniciativa actual que se encuentra en espera de su aprobación en el Congreso del Estado.

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